El Centro Juan XXIII celebró que el Pacto Eléctrico sea traído nueva vez a la mesa de discusiones y que, fruto de la nueva composición del Consejo Económico y Social (CES) y de su directiva, se aboque a actualizar su contenido a las nuevas realidades del sector y a aprobarlo en consecuencia.
La referida organización del sector social respaldó a su vez que, para iniciar los trabajos conducentes a la firma de ese acuerdo nacional se siga la ruta crítica que propuso el CES a finales del año pasado y no una vía rápida que prescinda de uno o más de los sectores ahí representados.
A propósito de la comunicación entregada a la prensa, Claudia Capano, presidente del Centro, recordó que versiones parciales e inconclusas del acuerdo fueron discutidas en el pasado pero que, debido a desacuerdos sustanciales de fondo, quedó inconcluso y sin firma.
Dichas posposiciones acontecieron en diciembre 2017 y también en febrero 2019. En ese momento, puesto que el CES es una instancia constitucional de concertación de los sectores sociales, económicos y políticos, se justificaba
que si sus miembros acordaran un documento convenido por las partes, no se podía y aún no se puede hablar ni proponer al país ningún pacto con valor y validez.
Dada la magnitud de las tareas pendientes el Centro Juan XXIII finaliza afirmando que “aplaude la sana intención del CES de proceder con la indispensable representatividad y la inobjetable legitimidad institucional a la discusión, actualización y firma el Pacto Eléctrico que merecen todos y cada uno de los sectores que componen la sociedad dominicana, como única forma de evitar que se quiera incidentar lo propuesto por esa dependencia del Ministerio de la Presidencia y entonces malograr su legitimidad y propósito original de concertación nacional”.
El Centro considera que esa es la única vía razonable para salirle al frente a cualquier duda o sospecha de que se quiere imponer una firma apresurada del referido Pacto sin el debido conocimiento y aval del nuevo Pleno del
CES y por eso mismo en desmedro de la credibilidad de las nuevas autoridades nacionales.
