En medio de una creciente controversia, el vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, coronel Rafael Tejeda Baldera, generó fuertes críticas al anunciar que las personas con “perfil sospechoso” serán detenidas y depuradas.
El abogado Francisco Álvarez Martínez, reconocido especialista en derecho penal, ha señalado que si bien la determinación de un “perfil sospechoso” no es algo nuevo ni intrínsecamente ilegal, la Policía Nacional falló al comunicar adecuadamente esta medida, lo que generó un amplio rechazo en la sociedad.
Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el concepto de “perfil sospechoso” es considerado un requisito esencial para que un agente policial pueda abordar a un ciudadano con “motivos fundados o suficientes” cuando exista sospecha de que ha cometido o está cometiendo un delito. Sin embargo, el abogado resalta la importancia de que esta evaluación esté basada en la experiencia y preparación del agente, evitando cualquier tipo de prejuicio o estereotipo.
La falta de normativas claras y la ausencia de cámaras en los abordajes constituyen una debilidad en el debido proceso, ya que la documentación de cada encuentro depende en gran medida de grabaciones privadas y actas levantadas por los propios agentes involucrados. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia y objetividad de las actuaciones policiales, sostiene el abogado.
En cuanto a la facultad de requisar vehículos sin autorización, Álvarez Martínez explica que el Código Procesal Penal establece que esto solo puede ocurrir en casos de flagrancia, con la autorización o acompañamiento del Ministerio Público y una orden emitida por un Juez competente, o de manera voluntaria. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el desconocimiento y la falta de institucionalidad que pueden permitir desbordar los controles legales.
El abogado Álvarez Martínez enfatiza la importancia de contar con normativas más claras y restrictivas que minimicen el elemento subjetivo y cargado de cada agente, y que se basen en indicadores verificados y constatados antes de realizar un abordaje. Esto promovería una aplicación más efectiva y justa de las medidas de seguridad, evitando situaciones problemáticas.
Aunque aún no se han implementado reglamentos específicos para abordar esta problemática, es fundamental que tanto las autoridades competentes como la sociedad en general estén conscientes de los derechos y límites legales en la evaluación de los perfiles sospechosos.