El Ministerio Público aseguró este lunes que los imputados del Caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.
La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa luego de que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara la lectura del fallo de la audiencia preliminar para el próximo lunes.
“En el día de hoy el tribunal nos notificó que decidió prorrogar o suspender la lectura de la decisión de la audiencia preliminar para el próximo lunes, motivado por la complejidad del proceso”, dijo. Explicó que en el día de hoy aún no estaba la decisión para ser entregada a las partes.
“La audiencia se prorrogó para el próximo lunes, a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público ha solicitado en este proceso que se dicte auto de apertura a juicio en contra de cada uno de los imputados, así como también que sean acogidas todas y cada una de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que es una cantidad, tanto de pruebas documentales como de testigos, considerable”, sostuvo.
Afirmó que confían totalmente en la acusación del Ministerio Público “y en las pruebas contundentes que hemos presentado, que demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable como lo hará en el juicio en contra de cada uno de estos imputados”.
En respuesta a las razones por las que se aplazó la audiencia, dijo que fue debido a la complejidad del caso. “Significa, tal vez, que, por la gran cantidad de testigos y pruebas de todas las partes, quizás el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que hasta cierto punto es previsible en un caso tan complejo con tantos elementos que analizar”, precisó.
Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.
Tras concluir en noviembre pasado con la presentación de la acusación del Caso Los Tres Brazos, al que están vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Ministerio Público pidió que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los procesados.
Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que el entonces funcionario público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
