AFP.- La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presa desde marzo, solicitó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de protección para la exmandataria derechista, informaron este viernes sus abogados.
Uno de ellos, Luis Guillén, aclaró que la decisión se tomó porque la defensa “agotó las instancias judiciales en Bolivia”.
La iniciativa, explicó Guillén, se motiva en las “amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria”.
El abogado también denunció “la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado (…) para restablecer su estado de salud”.
Las medidas cautelares son un recurso para “solicitar a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”, indica la CIDH en su sitio oficial.
Sin embargo, la CIDH advierte que “el mecanismo de medidas cautelares no es idóneo para abordar solicitudes que versan estrictamente sobre (…) supuestas faltas al debido proceso y protección judicial en el marco de procesos penales o civiles”.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara presionado por mandos militares y se exiliara, luego de semanas de protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato.
En noviembre de 2020, el Movimiento al Socialismo de Morales retornó al poder tras la victoria electoral de su delfín, Luis Arce.
Áñez fue arrestada el 12 de marzo de 2021 por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor.
La exmandataria deberá hacer frente a siete juicios: cuatro de responsabilidades, que necesitan aprobación del parlamento, y tres en la justicia ordinaria.
Algunos de los cargos en su contra son genocidio, sedición, terrorismo y conspiración.
Un informe presentado el 18 de agosto por expertos independientes contratados por la CIDH advierte la necesidad de revisar en Bolivia la existencia de “tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes”, para evitar su utilización “de manera arbitraria”.
El mismo informe cuestiona la independencia del sistema judicial del país sudamericano.
Áñez, que a sus 54 años se encuentra en frágil estado de salud, intentó suicidarse el sábado en la cárcel.
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