“Es inaceptable, lesivo e inconstitucional, que derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución, como son la salud y la seguridad social, estén siendo manejados con criterios completamente mercuriales por inescrupulosas empresas intermediarias financieras, en perjuicio de la ciudadanía”, consideró el Coordinador del Equipo Municipal Provincial en Santiago, de Alianza País, José Mármol.
A juicio de José Mármol, la Ley 87-01, durante los 20 años que lleva de vigencia en el país, antes que proteger al pueblo, pero en especial al sector laboral de empresas pequeñas, medianas y grandes, lo ha condenado a la desatención y la incertidumbre en materia de salud, pensiones, jubilaciones y riesgos laborales ya que convirtió estos derechos en apetitosas mercancías de exclusiva comercialización por parte de las ARS y las AFP, o lo que es lo mismo, del gran capital financiero.
Cada vez son más precarias las posibilidades de que un/a trabajador/a y sus dependientes, a quien se le descuenta una porción de su salario para destinarlo a salud y a fondo de pensiones, pueda recibir atenciones de salud adecuada en caso de enfermar o de recibir una pensión digna al momento de su retiro, ya que las AFP y las ARS tienen instalado un verdadero sistema que disminuye día a día los servicios ofrecidos a los y las asegurados/as. Cuando un asegurado va a consultar un especialista, a hacerse análisis o tiene que ser internado, tiene que disponer de un dinero extra para pagar las diferencias.
Para el dirigente de Alianza País en Santiago, el pueblo dominicano debe exigir a través de movilizaciones pacíficas en plazas, calles y parques que la reforma de la ley 87-01 deje fuera a las ARS y las AFP y comprometa al Estado a garantizar salud gratuita y de calidad, así como pensiones y jubilaciones dignas a quienes llegan a la edad de retiro laboral o de vejez.
José Mármol, catalogó como maniobras mal intencionadas y desviacionistas las recientes propuestas de la cúpula empresarial agrupada en el CONEP, “para construir viviendas que se financiarían al ahorrante, tomando como garantía sus propios fondos acumulados”, sin tocar ni con el pétalo de una rosa, sus cuantiosas y crecientes ganancias; la ciudadanía responsable no permitirá que los fondos de pensiones sean utilizados para beneficio propio de las entidades financieras que hoy los manejan.
Alianza País, respalda todos los pasos que viene dando la Coalición por una Seguridad Social Digna, para que la reforma de la ley 87-01, sea integral y termine siendo una normativa que le retorne al Estado su condición de garante pleno de derechos ciudadano tan vitales y estratégicos como salud y seguridad social, enfatizó el Coordinador.
