La abogada del general Adán Cáceres, Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, explicó bajo qué circunstancias la Asociación Campesina Madre Tierra recibió nueve millones del imputado.
Explica que el general inyectó a modo de préstamo el referido capital para que la organización arrancara y lograra su objetivo de ser auto sostenido, debido a que esta no tenía la capacidad crediticia para recurrir a un préstamo bancario directamente.
“No podía darle nueve millones, pero su capacidad de crédito para que Madre Tierra fuera autosostenible”, precisó.
Sostuvo que Cáceres Silvestre puede justificar sus transacciones bancarias ya que este lleva una vida militar de 33 años.
Señaló que el Ministerio Público no detalló todos los conceptos de los ingresos del general.
Describió que los ingresos fijos del imputado durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina fueron los siguientes:
RD$45,000.00 del Ejército
RD$250,000.00 del Ejército
RD$80,000.00 del CUSEP
RD$25,000.00 de la Presidencia
Además, recibe 950 dólares mensuales por el apartamento que le alquila al coimputado José Alejandro Montero Cruz.
Como ingresos no fijos, el general recibía una asignación de viáticos. De 2012 al 2019, la abogada aseguró que el militar recibió 8.2 millones de pesos.
Asimismo, la jurista indicó que Cáceres Silvestre tiene certificados de inversión que le genera intereses: “le fueron acreditados intereses sobre los tres millones de pesos”, aseguró.
Así también dijo que tiene ahorros de más de 600 mil pesos en la cooperativa de las Fuerzas Armadas.
La abogada acotó que, por la vida ocupada que tenía el general durante ocho años siendo el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, no tenía tiempo para gastar los fondos que recibía por sus funciones como servidor público.
“Con ese nivel de ingresos y con la vida que llevaba, no tenía tiempo para gastar lo que tenía”, señaló.
Criticó que el Ministerio Público pudo haber resuelto sus dudas sobre la procedencia y los movimientos financieros del general con una explicación que no le permitieron dar.
“Para esto hay que saber de finanzas, de contabilidad”, dijo al indicar que el Ministerio Público debió asesorarse con expertos antes de imputarle a su defendido los delitos: coalición de funcionarios, asociación de malhechores, falsificación de documentos, lavado de activos, etc.