Piden por un Código Penal que proteja la vida y la dignidad de las mujeres. Que combata la corrupción y la impunidad.
Uno de los temas que ha generado más controversia es el reclamo de organizaciones de mujeres, médicos, enfermeras que plantean la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales. Marcha Verde aprobó en el VII Encuentro Nacional pronunciarse en ese sentido.
Su pronunciamiento lo hacen convencidos de que el Estado está en la obligación de garantizar y respetar los derechos, la vida y la dignidad de las mujeres.
“El aprobar un Código Penal que mantenga la penalización a la interrupción del embarazo, cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando la vida del feto es inviable o cuando hay un caso de incesto o violación, mantendrá y aumentara la corrupción y la impunidad, porque en estos casos, la ciencia indica que el médico debe actuar desde su formación como médico”, expresan en el documento de prensa la organización.
Manifestaron que las familias que tienen recursos económicos lo resuelven dentro o fuera del país con su dinero, poniendo en riesgo sus vidas, con prácticas médicas clandestinas. Comprando el silencio de las clínicas, personal médico involucrado; en definitiva, la corrupción y la impunidad se hacen presentes en este tema donde lo que está en juego es la vida y la dignidad de las mujeres.
En ese sentido, argumentaron también que las familias que no tienen recursos lo pagan con la propia vida de las mujeres, porque acuden a personal médico no especializado en condiciones no aprobadas por el Sistema de Salud, donde mueren miles de mujeres porque no tienen un Estado que les garantice sus derechos y sobre todo su vida.
“Respetamos a aquellos compañeros y compañeras, que se oponen a la despenalización de la interrupción del embarazo por sus creencias religiosas. Sin embargo, entendemos que este es un tema de salud. De combatir la corrupción y la impunidad que ha permitido durante décadas que mujeres sin recursos económicos mueran por interrumpir un embarazo al margen de la Ley”, señalan.
Consideran que es necesario un Código Penal que proteja la vida y la dignidad de las mujeres y que combata la corrupción y la impunidad.