Desde su elección, el presidente Lula da Silva ha repetido una y otra vez que “Brasil está de vuelta” en la vanguardia del combate al cambio climático. Pero para completar su principal misión, salvar la Amazonía, se necesitan más que promesas.
Ambientalistas afirman que es hora de que Lula pase a la acción y que la comunidad internacional demuestre su preocupación por la selva tropical, clave para frenar el calentamiento global, con recursos para protegerla.
Lula, que este lunes completa cien días de gobierno, prometió revertir las políticas ambientales de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y erradicar la deforestación en la Amazonía tras el aumento de los últimos cuatro años.
En su primer día de mandato firmó una serie de decretos para anular medidas perjudiciales para el medioambiente, crear un grupo de trabajo para combatir la deforestación y reactivar el Fondo Amazonía, iniciativa financiada con donaciones extranjeras que estaba suspendida desde 2019.
Pero aún no se implementaron acciones para frenar la destrucción de la Amazonía promovida por la ganadería, usurpadores de tierra y minería ilegal, salvo una operación para desalojar a los garimpeiros en tierra indígena yanomami.
“Finalmente volvimos a tener un gobierno ‘normal'”, dijo Cristiane Mazzetti, de Greenpeace Brasil.
“La expectativa ahora es que salga del modo planificación y entre en la fase de implementación”, dijo a la AFP. “Precisamos ver resultados”.
– ¿Y el dinero? –
Pese a la cálida bienvenida de la comunidad internacional, Lula ha enfrentado dificultades para convencer a los países ricos de financiar iniciativas para proteger la Amazonía.
Tras una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca durante una visita de Estado en febrero, Lula anunció apenas una “intención” de apoyo de Estados, sin plazo ni monto definidos.
En enero, Alemania prometió destinar 200 millones de euros (USD 219 millones) para proteger la selva, incluidos 35 millones de euros para el Fondo Amazonía, que fue lanzado en 2008 con una cuantiosa donación de Noruega de 1.200 millones de dólares.
El país nórdico, principal donante, afirmó que continuará apoyando el fondo y ayudará a Brasil a captar nuevos aportes.
Pero hasta ahora los esfuerzos del país sudamericano para atraer donaciones de la Unión Europea, Reino Unido, Francia y España no han dado frutos.
Los ambientalistas aseguran que Brasil, con sus restricciones presupuestarias, enfrenta un momento complejo: necesita más dinero para reducir la deforestación, pero para atraer más dinero precisa reducir esa lacra.
“Hay muchos frentes en los que el gobierno simplemente no logra implementar acciones porque no tiene recursos”, sostiene Rodrigo Castro, del grupo ambiental Fundação Solidaridad.
– Sin tiempo que perder –
Tras años de impunidad para los destructores de la Amazonía, la raíz de los problemas se ha vuelto demasiado profunda y no hay solución instantánea, afirman los ecologistas.
Esto quedó claro cuando la deforestación en la Amazonía alcanzó un nuevo récord para el período de febrero (322 km2, +62% interanual).
Los activistas sostienen que Lula debe librar una guerra sin cuartel en varios frentes: lanzar grandes operaciones de “comando y control”, perseguir el crimen organizado que se lucra con la destrucción de la selva, invertir a lo grande en una “economía verde” y mantener su promesa de volver a demarcar reservas indígenas, que ayudan a preservar el medioambiente.
Lo describen como un gobierno lleno de buenas intenciones, pero sobrepasado por la magnitud del caos que enfrenta.
“La principal misión de estos primeros cien días era desarmar las múltiples trampas puestas por el gobierno de Bolsonaro”, dijo Raul do Valle, de WWF-Brasil.
Pero “no hay tiempo que perder”, agregó Mazzetti.
Estudios recientes muestran que la capacidad de la Amazonía para absorber carbono de la atmósfera ya está decayendo.
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