La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró positivamente el consenso que se ha producido para la reforma de la Ley 28-01 y afirmó que siempre ha apoyado un marco legal de incentivos que fomente la inversión, impulse la creación de empleos y eleve el nivel de desarrollo humano de las provincias fronterizas.
“La AIRD siempre ha estado dispuesta al consenso. Ha participado en diálogos con ambas cámaras del Congreso Nacional, así como con otras instituciones empresariales y con los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda, a fin lograr una legislación equilibrada”, proclamó la organización empresarial en nota de prensa.
También indicó que todas sus intervenciones en esa materia se enmarcan en su rol de gremio representante de las industrias del país, con prácticas transparentes y apegadas a la institucionalidad.
Resaltó el esfuerzo y la dedicación, para impulsar la ley, de la Cámara de Diputados, principalmente, a los senadores, así como el Presidente Luis Abinader, que se ocupó personalmente de motivar el consenso.
La AIRD dijo que está consciente de que los indicadores económicos y sociales de las siete provincias fronterizas han mejorado muy poco en estos 20 años, por lo cual es importante que la Ley sea mejorada con el propósito de lograr un mejor resultado sin fomentar la competencia desleal ni crear distorsiones al tratar fomentar el crecimiento de la inversión privada en la zona.
Expuso que una legislación que fomente el desarrollo debe contar con controles de resultados positivos y un régimen de consecuencias para quienes incumplan los parámetros establecidos. “Los mecanismos de administración han de ser transparentes y vincular los incentivos y resultados a compromisos controlables. Una mala administración de los incentivos previstos afectaría negativamente el clima de seguridad jurídica tanto dentro como fuera de la zona fronteriza”, expresó.
La AIRD señaló que el impacto de la aplicación de la Ley 28-01 ha sido pobre, ha generado competencia desleal e inseguridad jurídica, por lo que prorrogarla requiere que la misma sea mejorada con el propósito de lograr un mejor resultado, eliminando las distorsiones para el crecimiento sano de la inversión privada en la zona.
“Para la AIRD es fundamental que el instrumento jurídico que se apruebe no perjudique a otras industrias localizadas en otros lugares del país y es esencial no crear incentivos a las importaciones para que en su lugar se fomenten los encadenamientos productivos”, destaca una declaración de prensa de la institución.
Seguridad jurídica
Al resaltar que una Ley de Desarrollo Fronterizo debe dar seguridad jurídica a los inversionistas que busquen establecerse en la zona, afirmó que es muy importante que los incentivos sean específicos, como lo son en todas las leyes que los contemplan.
“Los incentivos no deben constituir un logro particular de una empresa por su capacidad de negociación o tamaño, sino un beneficio otorgado a los proyectos que quieran instalarse en la zona fronteriza y que cumplan los requisitos que la Ley establezca”, subrayó la AIRD.
Desde su óptica, 30 años es un plazo prudente para crear una dinámica diferente de desarrollo sostenible en la franja fronteriza, pero indicó que esto no será suficiente por sí mismo, pues se hace necesario acompañar la aplicación de la Ley con políticas públicas y planes de infraestructura a favor de las siete provincias de modo que el entorno para nuevas inversiones y empleos mejore y se alcancen los propósitos para los que se pretende un nuevo período de exenciones.
Incentivos suficientes
La AIRD consideró que los incentivos planteados en la modificación de la Ley presentada por la Cámara de Diputados son más que suficientes y específicos para hacer del proyecto una vez convertido en ley un instrumento de desarrollo e incentivo de la inversión.
Por otro lado, consideró que la Ley debe fomentar el desarrollo agropecuario, industrial y comercial focalizándolo en la zona, aunque con libre comercio a todo el territorio y para las exportaciones.
