La reciente propuesta anunciada por la Suprema Corte de Justicia sobre la política de protección de datos personales ha generado un intenso debate en la sociedad. Por un lado, algunos defienden la medida como un avance en la protección de la privacidad de los ciudadanos, mientras que otros critican la medida, alegando que podría coartar la libertad de información.
La iniciativa tiene como objetivo proteger la privacidad de los imputados en diversos procesos judiciales, en especial durante las fases iniciales de las investigaciones, donde datos personales podrían ser divulgados sin justificación.
Según el abogado Manuel Sierra, quien participó en un análisis sobre el tema, la Corte no ha legislado sobre un nuevo derecho, sino que ha propuesto una regulación de los datos sensibles ya protegidos por otras leyes.
“Lo que hace la Suprema Corte es simplemente proteger los derechos ya establecidos por el Congreso en materia de datos sensibles. No se está limitando la libertad de información, sino buscando equilibrar la protección de la dignidad y el buen nombre de los ciudadanos”, explicó Sierra durante la conversación.
Uno de los puntos clave de la propuesta es el derecho a la propia imagen, que no estaba previamente legislado en el país, y que se considera un derecho fundamental en muchas naciones. En este sentido, la Corte busca evitar la exposición innecesaria de la imagen de los imputados y garantizar que no se difundan datos irrelevantes que puedan dañar su reputación.
Sin embargo, algunos críticos del fallo aseguran que esta medida podría ser utilizada para proteger a los funcionarios públicos acusados de corrupción, argumentando que se trataría de una medida que favorece a ciertos sectores de la sociedad. Sierra, en respuesta a estas críticas, señaló que la protección de los derechos fundamentales debe aplicarse a todos, sin importar el delito que se le impute a la persona.
“La persona debe ser protegida en sus derechos fundamentales hasta que haya una sentencia firme, independientemente de la gravedad de las acusaciones”, afirmó el abogado.
El debate se extiende a la manera en que los medios de comunicación manejan la información. ¿Hasta qué punto los medios deben publicar detalles sobre un caso antes de que se dicte sentencia? Según Sierra, aunque el derecho a la información es crucial, es necesario que los periodistas respeten ciertos límites éticos y no difundan información innecesaria que pueda perjudicar la reputación de un imputado antes de que se resuelva el caso.
En otros países, como Estados Unidos, se han adoptado medidas similares para proteger la privacidad de los imputados, limitando la difusión de información hasta que el proceso judicial avance. En estos casos, a menudo se utilizan caricaturas o representaciones de los imputados en lugar de fotos reales, con el fin de evitar la exposición innecesaria.
“La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana no está limitando la libertad de prensa, sino buscando equilibrar la protección de los derechos fundamentales de las personas con el derecho a la información”, concluyó Sierra.
A medida que el debate sobre la protección de datos personales continúa, la sociedad dominicana se enfrenta a la difícil tarea de encontrar el equilibrio entre la libertad de información y la protección de la privacidad de los ciudadanos.
