Por Ligia Bonetti
La situación en Haití ha alcanzado niveles de descomposición humana, institucional y social que conmueven al mundo entero. El país vecino atraviesa una crisis multidimensional: inseguridad crónica, instituciones colapsadas, bandas armadas que controlan vastos territorios, una economía paralizada y una gran parte de su población sumida en el sufrimiento.
La vida cotidiana de los haitianos es, en muchos casos, una lucha por la mera sobrevivencia. Ante semejante tragedia, es imposible no sentir un profundo dolor y solidaridad por nuestros hermanos haitianos, con quienes compartimos esta isla, una historia entrelazada por siglos y que, además, es uno de nuestros principales socios comerciales.
Sin embargo, esa empatía sincera no puede ni debe confundirse con una carga desproporcionada. República Dominicana, a pesar de sus avances, sigue siendo un país en vías de desarrollo, con sus propios desafíos económicos, sociales y estructurales, que no pueden ignorarse.
Hemos tendido la mano muchas veces, acogiendo miles de migrantes de diversas nacionalidades, ofreciendo atención médica, educativa y asistencia. En esa misma línea, el presidente Luis Abinader ha llevado esta preocupación con coherencia y firmeza a distintos foros internacionales, abogando por soluciones diplomáticas ante esta realidad compleja que exige visión y voluntad política global.
Lo hemos hecho por humanidad, no por obligación. Pero esa generosidad no puede transformarse en una expectativa injusta de que asumamos, por nuestra cuenta, la reconstrucción de un Estado fallido.
La presión migratoria ha comenzado a reflejarse con claridad en nuestros servicios públicos, generando una carga que pocos países, por no decir ninguno, han tenido que enfrentar en estas proporciones. En el sistema de salud, por ejemplo, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos registrados en hospitales públicos corresponden a personas en condición migratoria irregular, acorde a las cifras oficiales.
Mientras que, en el ámbito educativo, el 6.5% de la matrícula escolar, unos 147,000 niños y niñas, son estudiantes del país vecino. Asimismo, en los últimos diez meses se han deportado más de 125,000 personas en situación migratoria irregular, como resultado de los operativos realizados a nivel nacional. Estos datos no son simples cifras; reflejan una realidad que pone a prueba la sostenibilidad de nuestras instituciones.
Frente a este panorama, es profundamente preocupante la pasividad, o peor aún, la indiferencia, de organismos internacionales que deberían estar liderando la respuesta a esta crisis. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros actores globales con mandato humanitario y capacidad operativa, han fallado en actuar con la urgencia que la situación amerita. La ausencia de una intervención coordinada, robusta y sostenida, con respaldo financiero y logístico, perpetúa la tragedia haitiana y coloca a los países vecinos en una posición insostenible.
República Dominicana no puede asumir las consecuencias de la crisis institucional en Haití. No es justo. No es apropiado ni viable. Así como respetamos la soberanía de otras naciones, exigimos que la nuestra también sea respetada. Defender nuestras fronteras, regular los flujos migratorios y proteger los intereses nacionales no es xenofobia, más bien, es un ejercicio legítimo de nuestra soberanía. Lo contrario implicaría renunciar al derecho de trazar y decidir nuestro propio destino como nación.
No se trata de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos, actuar con conciencia y responsabilidad. Ayudar a Haití es un deber moral, pero debe ser un compromiso compartido. Hoy, más que nunca, alzamos nuestra voz para clamar a la comunidad internacional: ¡Haití necesita su atención, su compromiso, su acción!
El dolor de los haitianos no puede seguir siendo ignorado, y la carga de su tragedia no puede recaer solo sobre los hombros del pueblo dominicano.
¡Se necesita una respuesta, y no puede esperar más! Una solución efectiva, que trascienda los discursos, y que se fundamente en el respeto a la dignidad humana y en el derecho de toda nación a vivir en condiciones seguras, justas y humanas.
Nuestro deber es seguir siendo solidarios, pero también firmes en la defensa de nuestros límites. Porque la ayuda no puede ser exigencia unilateral ni la solidaridad puede ser utilizada como excusa por quienes, teniendo los recursos y la responsabilidad de actuar, eligen mirar hacia otro lado.
