Tras las pretensión del Gobierno haitiano de desviar el río Masacre el Instituto Duartiano advirtió que es una provocación más dirigida contra los dominicanos, como siempre, las iniciativas de agresión provienen de Haití, históricamente los dominicanos jamás han optado por una ofensiva contra los haitianos, pese a su tradicional comportamiento hostil.
El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, señaló que las autoridades dominicanas tienen que asumir enteramente el ideal duartiano, en particular aquel pensamiento que dice: “El Gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional”.
Indicó que, en el caso, se trata de una acción propiciada por el propio presidente haitiano, Jovenel Möise, quien lanza al ruedo la canalización de este río, al parecer, procurando con ello la cohesión interna para reponerse políticamente ante las fuertes protestas del pueblo haitiano en su contra, lo que constituye un comportamiento impropio, oportunista e irresponsable.
Manifestó que el Gobierno dominicano, lógicamente, tiene que mantener el diálogo con Haití; pero, en todo caso tiene que hacer que prevalezca el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje en República Dominicana y Haití, suscrito por ambas naciones en 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936, el cual establece en su artículo 10: “en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
Gómez Ramírez dijo que resulta pertinente señalar que la Constitución Política del Estado Dominicano, establece en su artículo 11, que el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en el referido Tratado de 1929 y en el indicado Protocolo de Revisión de 1936.
El presidente del Instituto Duartiano expresó que esa entidad juzga necesario que, desde el Estado Dominicano, se adopten rectas políticas orientadas a hacer respetar en términos categóricos la frontera dominicana, con mayor presencia militar, un manifiesto apoyo logístico y facilidades que propicien la vida digna de las tropas, de manera que se experimente sano de garantizar la soberanía territorial de nuestra Nación.
Manifestó que el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, debe impulsar de manera definitiva y terminante el proyecto del muro fronterizo, y si se requiere mayor presupuesto del que él anunció que está asegurado, el pueblo dominicano está dispuesto para hacer aportes directos, solo habría que habilitar los mecanismos que permitan materializar o hacer efectivos tales aportes, los cuales no se harían esperar, toda vez que sobran los deseos.
Dijo que las instituciones estatales tienen que cumplir la misión y responsabilidad asignadas por las leyes y la Constitución de la República, en especial la Dirección General de Migración, no pueden seguir permitiendo la masa de ilegales haitianos que están desbordando las calles, caminos, lomas, llanuras, ciudades y campos, situación que se ha constituido en una seria amenaza para la seguridad nacional de nuestro país.
En otro orden, Gómez Ramírez puntualizó que “compartimos datos preocupantes como el que nos revela que, en lo que va del año 2021, los partos de mujeres haitianas superan la cifra de las dominicanas, conforme el Hospital materno Nuestra Señora de La Altagracia, toda vez que el 53 por ciento de los nacimientos son niños de haitianas; en cambio, el 47 por ciento son de dominicanas; es decir, que de enero a marzo de este año nacieron en ese centro de salud 2,283 niños, y de estos 1,196 son haitianos, en tanto que 1,050 son niños de madres dominicanas”.
“Con extrema urgencia, la autoridad dominicana tiene que implementar políticas que eliminen el atractivo de los tours o corredores paritorios, estableciendo tarifas de pago en los hospitales, pues cada día aumenta la cifra de partos de mujeres haitianas ilegales en el país y que cruzan con toda naturalidad la frontera para parir en nuestros centros hospitalarios, dado el atractivo de gratuidad que no consiguen en su tierra”, expuso.
Observó que resulta alarmante que el Servicio Nacional de Salud de nuestro país registra que, desde 2019 a marzo de este año 2021, 60 mil 907 haitianas dieron a luz en suelo dominicano; es decir, en 2019 se verificaron 27 mil 984 partos de mujeres haitianas; en tanto que en 2020, fueron atendidos 30 mil 322 partos de estas extranjeras ilegales en el territorio dominicano.
“Nuestro presupuesto nacional se desangra, la partida hospitalaria se ve seriamente afectada por esta situación, la cual no ha sido enfrentada por nuestras autoridades, toda vez que solo en el año 2019, el 58 por ciento de los partos fueron cesáreas, considerada la cifra más alta de mundo, de acuerdo con el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras”, anotó.
El presidente del Instituto Duartiano expresó que “como es sabido, cada cesárea tiene un costo de aproximadamente 20 mil pesos, y si se complica puede alcanzar los 60 mil pesos; en tanto que, un parto normal ronda los 15 mil pesos, si hay complicaciones puede llegar a costar hasta 25 mil pesos, y a ésto se agrega la situación de desnutrición y la precaria salud de un alto porcentaje de las parturientas haitianas que acuden a nuestros hospitales, lo que aumenta considerablemente la tasa de mortalidad materna”.
Finalmente, en lo que respecta al propósito anunciado por el Gobierno dominicano de librar documento a los haitianos que hacen comercio en la frontera y a los que estudian en el país, el Instituto Duartiano entiende que es menester que se observe la mayor prudencia, pues corresponde al ejercicio soberano de la autoridad haitiana expedir la documentación identidad a sus súbditos; los oficiales de controlar la migración, solo tienen que exigir que todo extranjero que ingrese al territorio dominicano, incluyendo los haitianos, esté dotado de un documento oficial de identificación expedido por su país de origen.
Resaltó que los trabajadores haitianos, comerciantes, estudiantes, etc., todos tienen que ser documentados por las autoridades de Haití, ya sea por los organismos que tienen esa competencia en la Nación vecina o vía sus oficinas consulares establecidas en la República Dominicana.
