Por: Ing. Francis Cuevas
Las instituciones públicas juegan un papel fundamental en el funcionamiento de cualquier sociedad, ya que son responsables de proveer servicios esenciales y tomar decisiones que afectan a la comunidad en general.
En nuestro país, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, experimentamos cambios importantes en la administración pública, pasando de una fragmentada y con pocos mecanismos de coordinación y dirección a una eficiente y transparente, evitando la duplicidad de roles y servicios, reduciendo el gasto y reenfocando la administración hacia las necesidades y demandas de los ciudadanos. Ejemplos hay de sobra: la Dirección General de Impuestos Internos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la articulación del Gabinete Social, el pago por nómina electrónica, los sistemas de planificación y gestión financiera del Estado, entre otras.
Sin embargo, hemos experimentado un retroceso en la administración pública y todos sus servicios. Conquistas logradas hoy son cosas del pasado.
Lamentablemente, nos encontramos en la actualidad con una gestión gubernamental inefectiva que afecta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo y bienestar de la sociedad.
La corrupción en las instituciones públicas puede adoptar diversas formas, pero una de las más perjudiciales es aquella en la que los funcionarios no cumplen con sus responsabilidades, ya sea porque no asisten a sus lugares de trabajo o porque se dedican a actividades ilícitas para obtener beneficios personales.
Estas faltas afectan directamente la eficiencia y la calidad de los servicios que se brindan a la población.
Recientemente, hemos visto las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, el cual dio a conocer que un reconocido periodista tenía asignada una nómina de más de un millón de pesos en el Ministerio de Medio Ambiente, sin que esa persona desempeñe funciones en esa institución.
Esta situación se produce en un ministerio plagado de problemas, de crisis generadas por incendios forestales, la dilación en dar respuestas oportunas, falta de personal en todas las áreas, entre otras deficiencias institucionales.
En un ministerio que cuenta con un personal mal pagado, resulta un crimen que se produzcan este tipo de situaciones.
Veamos el caso de los bomberos forestales, que fueron recibidos recientemente en Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader tras la encomiable labor realizada sofocando los últimos incendios forestales.
De un total de 191 bomberos forestales que existen, según la nómina del mes de abril de 2023, 47 reciben un salario que asciende a RD$ 10,000; tres devengan RD$ 14,000; 129, RD$ 15,000 y solo doce bomberos llegan a RD$ 17,000. Yo les pregunto ¿podemos dejar pasar por alto esta sustracción de recursos públicos ante esta situación?
Dividiendo el millón de pesos entre los 191 bomberos pudiéramos aumentarles RD$ 5,235.60 a cada uno, lo que representaría un aumento de más de un 50% para un 25% de los bomberos forestales.
Esperamos que esta denuncia que hace el ministro no se quede solo en esto, una denuncia. Esperamos la instrumentación del expediente ante los organismos de persecución de la corrupción administrativa.
Esperamos, finalmente, que el ministro de Medio Ambiente, el mismo que declaró “yo de eso no sé” al ser cuestionado sobre un tema de alto interés para el país relativo al medio ambiente, pueda desarrollar medidas para sacar la institución del letargo en el cual se encuentra sumida pues, de no hacerlo, las palabras ineficiencia e incapacidad estarán indeleblemente ligadas a su nombre.
