Propuesta de salida de la crisis política de Haití

Propuesta de salida de la crisis política de Haití

La urgencia de evitar el caos después del 7 de febrero de 2022

Por: Joseph Harold Pierre
Economista/Politólogo / Experto de América Latina www.josephharoldpierre.com

1 – Introducción

A raíz de la crisis relacionada con la fecha de finalización del mandato del Presidente Jovenel Moïse (7 de febrero de 2020 o 7 de febrero de 2021), presenté en marzo pasado una propuesta de salida de crisis. La modifiqué para adaptarla a la coyuntura actual marcada por el asesinato del Presidente, pero sigue siendo pertinente y realista. Este trabajo responde a varios objetivos. En primer lugar, se popone, una vez más, evitar la exacerbación de la crisis actual después del 7 de febrero de 2022. También quiere sensibilizar sobre la necesidad de prevenir y planificar en Haití. Mientras que en el mundo actual todo es previsible (incluso los fenómenos naturales) y que las medidas de eliminación, mitigación y adaptación se elaboran en consecuencia, es inconcebible que en Haití todo se haga de manera improvisada. Además, la propuesta forma parte de mis reflexiones, especialmente en los medios, para ayudar a la emergencia de una nueva opinión pública en Haití.

La solución sociopolítica propuesta consiste en la formación de un gobierno con personalidades competentes y reconocidas por su credibilidad a través de una Mesa de Concertación compuesta por 27 miembros, con vistas a la organización de elecciones DEMOCRÁTICAS, INCLUSIVAS, LIBRES Y CREÍBLES en un CLIMA DE SEGURIDAD PROPICIO. Tratándose de una solución sociopolítica y no constitucional, la existencia o no de un presidente así como la duración del gobierno dependerán de las discusiones de los actores y de análisis técnicos. También se tendrá en cuenta la posición de la comunidad internacional.

La propuesta consta de cuatro partes. La primera se basa en la necesidad de adoptar un enfoque racional y realista en los debates y las tomas de posición en Haití. En la segunda se expone la solución propuesta y se explican sus mecanismos de aplicación. La tercera parte se extiende sobre los cuatro mandatos del gobierno que saldría de esta propuesta y el papel de acompañamiento que debería jugar la comunidad internacional. Mis reflexiones finales en la quinta parte llaman la atención sobre los problemas estructurales de Haití y se centran en las relaciones entre la comunidad internacional y Haití.

2 – Fondamento y realismo de la propuesta

A la luz de mi comprensión del contexto geopolítico de América Latina y el Caribe y, sobre todo, de las ideologías políticas vigentes, había entendido que la comunidad internacional con los Estados-Unidos como líder no iba a apoyar ningún proyecto de derrocamientode Jovenel Moïse, mucho menos a tomar ella misma la iniciativa, como deseaba la oposición política desde el 7 de febrero de este año. En efecto, la comunidad internacional, cuyo interés es una estabilidad política relativa en un espíritu de economía de mercado y de democracia liberal, no presentía que la oposición pudiera garantizarle algo mejor que la situación actualdel país, pese a que sea caótica. Esta afirmación se confirma en mi lectura de los informes de la OEA sobre Haití y Nicaragua a los que me refiero en las «Consideraciones finales» de esta propuesta.

Hay que decir también que los debates sobre la fecha del fin del mandato del Presidente no habían concluido hasta su asesinato el 7 de julio pasado, ya que las instituciones (Tribunal Constitucional y Consejo Electoral Permanente) capaces de dirimir los diferendos son ausentes. 

También había llamado la atención sobre lo que llamé la «imbricación inoportuna» de la Constitución de 1987 y la versión modificada de 2011, por parte de una rama de la oposición, cuando esta última intentó instalar el 7 de febrero pasado al juez Joseph Mécène Jean-Louis, de la Corte Suprema, como presidente provisional. En efecto, en la versión modificada de la Constitución (artículo 149), en caso de vacante presidencial, corresponde al Consejo de Ministros presidido por el Primer Ministro llenar el vacío y no al juez del Tribunal de Casación, solución prevista en la Constitución de 1987. 

En este contexto, existía, pues, en Haití y sigue existiendo lo que yo llamo un «embrollo jurídico» relativo al sustituto del Presidente, ya que el país se encuentra ante una situación no prevista por la Constitución. A la luz de esta confusión, propuse una solución de salida decrisis de índole sociopolítica, la cual se basa en la concertación entre, por una parte, el Ejecutivo y, por otra, la sociedad en sentido amplio. La propuesta fue actualizada de cara a la coyuntura actual marcada por el asesinato del Presidente. 

3 – Solución propuesta

El viraje del Core Group de Claude Joseph a Ariel Henry que conduce a la formación del actual gobierno es realista e institucional pero no puede resolver la crisis actual. Si la Orden sobre la formación del Gobierno enuncia, en sus consideraciones, el artículo 149 de la Constitución que dispone que: « en caso de vacante de la Presidencia de la República (….), el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del Primer Ministro, ejerce el Poder Ejecutivo hasta la elección de otro Presidente», no ha tomado en cuenta la parte del mismo artículo que indica que “en caso de que la vacante se produzca a partir del cuarto año del mandato presidencial, la Asamblea Nacional ha de elegir un nuevo Presidente Provisional para el tiempo que queda por transcurrir”. La solución constitucional, en la coyuntura actual, es la que pasa por la Asamblea Nacional, ya que estamos en el quinto año del mandato del Presidente (si se hacen abstracciones de los desacuerdos relativos a la fecha del fin de dicho mandato), pero no es posible, ya que no hay parlamento. En el mismo orden de ideas, tampoco es posible que el Consejo de Ministros, en la situación actual, llene la vacante presidencial, ya que el Primer Ministro no fue ratificado por el Parlamento conforme alartículo 137 de la Constitución. Cabe señalar que no apoyo en modo alguno la ausencia de gobierno en el país; sólo quiero subrayar que la solución constitucional no tiene cabida en la coyuntura actual. De ahí la pertinencia de lo que llamo una solución sociopolítica.

La solución sociopolítica tiene en cuenta no sólo a los actores políticos, sino también a todos los demás actores de la sociedad. Vale la pena destacar que el actual gobierno no es más que la continuidad del poder de Jovenel Moïse que puso en práctica las recomendaciones que le hizo la OEA en su informe del pasado 28 de junio. Sin embargo, es evidente que el gobierno recién formado no goza de « la confianza del pueblo haitiano » como lo desea la organización hemisférica. Tampoco es incluyente según los deseos del Core Group y del Departamento de Estado Americano. Además, el poder del Presidente Jovenel Moïse se consideraba ilegítimo y era objeto de críticas por su supuesta connivencia con las bandas armadas y su incapacidad real de evitar el agravamiento de la crisis sociopolítica. Su presidencia era también de una «legalidad confusa» relativa a la fecha del fin de su mandato, ya que las dos instancias, a saber, el Tribunal Constitucional y el Consejo Electoral Permanente, habilitadas para esclarecer las dudas nunca han fueron establecidas.

La solución sociopolítica propuesta consiste en la formación de un gobierno con personalidades competentes y reconocidas por su credibilidad a través de una Mesa de Concertación. Nótese que no es necesario que haya un Presidente; todo dependerá de lo que acuerden las partes. La duración de este gobierno provisional dependería del tiempo necesario para la organización de elecciones democráticas, justas, libres y creíbles en un clima de seguridad propicio.

De manera explícita, la Mesa de Concertación tendrá por objetivo elegir a los miembros del Gobierno y estará compuesta por representantes del Gobierno actual, el Parlamento, los partidos políticos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las confesiones religiosas, la diáspora y la prensa. El Gobierno y el Parlamento podrían enviar a las negociaciones un máximo de cuatro y tres representantes, respectivamente. Se puede elegir, como máximo, a cinco mandatarios de los partidos políticos que hayan sido elegidos en la 50ª legislatura y de otros partidos recien creados, pero con una participación considerable en el debate público. En cuanto al sector privado, puede estar representado por las asociaciones patronales (hasta tres miembros) que se pronunciaron contra la violencia y los crímenes de que fue víctima la poblaciónen los últimos meses.

Los representantes de la sociedad civil pueden ser elegidos entre las organizaciones (cuatro como máximo, de las cuales al menos una asociación de mujeres) que gocen de cierto prestigio y, sobre todo, de la confianza del pueblo. En cuanto a las confesiones religiosas, la selección parece ser más fácil. Podrán estar representadas por la Iglesia Católica, la conferencia de los pastores protestantes y figuras del vudú. A pesar de las debilidades de la Iglesia Católica local, la Iglesia Universal puede ser un aliado de gran importancia para Haití, teniendo en cuenta el peso del Vaticano en las relaciones internacionales y sobre todo la solicitud del Papa Francisco para con el país caribeño. Dos o tres personalidades de la diáspora competentes y reconocidas por su honestidad y compromiso con Haití estarán presentes en la Mesa de Concertación, mientras que la prensa estará representada también por dos o tres miembros competentes y reconocidos por su influencia, seriedad e imparcialidad.

Desde el punto de vista político, esta mesa estará acompañada por el Core Group, ya que es el protagonista principal del juego político haitiano y, por consiguiente, un legitimador sobredeterminante. Desde el punto de vista técnico, debe ser integrada por algunos profesionales (tres como máximo) dotados de una sólida formación en negociación política, de un gran dominio de la realidad haitiana y de una comprensión profundade los problemas geopolíticos. 

Dada la urgencia de la hora, la selección del gobierno debería hacerse en un mes y medio. Para mediados de septiembre, las nuevas autoridades deberían estar instaladas. Mientras tanto, el actual gobierno de Ariel Henry permanecerá en el poder.

4 – Mandato del gobierno de transición y apoyo de la communidad internacional 

El nuevo gobierno debería tener cuatro misiones y necesitará el apoyo de la comunidad internacional para tres de ellas. En primer lugar, el gobierno tendrá que acompañar la investigación para arrojar luz sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esta investigación será efectiva si está dirigida por servicios de inteligencia internacionales y si se quiere que se conozca la verdad. En efecto, si la justicia haitiana no funciona para los casos anodinos como los de ciudadanos encarcelados durante varios años sin ser juzgados por infracciones como el robo de pollos, sería infantil creer que puede investigar un caso tan complejoy con consecuencas múltiples como el del asesinato del Presidente.

El segundo mandato del Gobierno de transición sería restablecer un entorno de seguridad mínimo en Haití. El Gobierno por sí solo no podrá llevar a cabo esa lucha, ya que, en el momento actual, los grupos armados parecen tener un mayor control del territorio que la policía. Basta recordar los desafortunados acontecimientos del 12 de abril en Village de Dieu (un barrio al sur de Puerto Príncipe), el aumento del número de secuestros y el asesinato de más de una veintena de personas la noche del 29 de junio, entre ellos el periodista Diego Charles y la activista política Antoinette Duclaire. En todas mis entrevistas con los medios internacionales – más de una veintena -, la cuestión de una posible intervención de las tropas americanas o de las Naciones Unidas vuelve siempre. Habida cuenta del clima de seguridad en Haití controlado por los grupos armados y de las debilidades de la Policía, me parece necesaria la presencia de tropas extranjeras. El apoyo técnico solicitado por el Presidente Jovenel Moïse a la OEA en abril de este año no puede resolver el problema de la inseguridad. Sin embargo, no es una alegría de corazón que el estado haría este llamamiento, porque, aparte de un efecto disuasivo de su presencia contra la inseguridad, las diferentes misiones de las Naciones Unidas desde 2004 no han dado los resultados esperados. Por ejemplo, el fortalecimiento de la policía siempre ha sido uno de sus objetivos, mientras que la institución policial se ha debilitado en los últimos 20 años. Lejos de desresponsabilizar a las misiones extranjeras de ese fracaso, hay que decir también que existe una voluntad política de hacer disfuncional la policía en Haití.

En cuanto a su tercer mandato, consistiría en organizar las elecciones. El gobierno de Jovenel Moïse había tomado con mucha ligereza este pilar de la democracia pero que sigue siendo fuente de crisis política en Haití. En efecto, como he dicho desde marzo de este año tanto en la primera versión de esta propuesta como en mis intervenciones en la prensa, la celebración de ciertamen electoral en Haití requiere cuatro condiciones básicas, pero las cuatro hacen falta. Como condición política debería de existir un consenso político mínimo entre la oposición y el gobierno, el cul habría de gozar de cierto grado de confianza popular. Desde el punto de vista de la seguridad, el terror que reina en Puerto Príncipe debe combatirse antes de la celebración de las elecciones. Incluso antes de pensar en un entorno que permita a los candidatos hacer campaña y a los electores votar, hay que crear este espacio en el que la vida renazca al menos desde el punto de vista de la seguridad. No me engaño: Haití nunca ha sido un país seguro sino durante la dictadura de los Duvalier ( No me malinterpreten. Estoy en contra de las dictaduras en todas sus formas). Si el país no tiene un nivel de seguridad al menos similar al clima de las elecciones de 2015, donde la participación electoral fue del 20%, este indicador de legitimación de los poderes puede ser de menos del 5%. Y entonces se podrá hablar realmente de una farsa electoral.

También deben cumplirse los requisitos jurídicos y constitucionales. En otras palabras, el Consejo Electoral Provisional (CEP) debe juramentarse ante la Corte Suprema conforme al artículo 194 de la Constitución. Es una gran incoherencia querer consolidar una institución (las elecciones), al tiempo que se destruye otra (el CEP). El resultado será un debilitamiento general de las instituciones y de la democracia en Haití. Finalmente, las condiciones logísticas también deben estar presentes. El CEP debe contar con el personal y los instrumentos necesarios para la celebración de las elecciones. Sin embargo, poco antes de la publicación del calendario electoral el pasado 28 de junio, el órgano electoral había declarado no disponer del personal necesario para el funcionamiento de la maquinaria electoral. A excepción del aspecto legal, el apoyo de la comunidad internacional será crucial en cada una de dimensiones de la organización de las elecciones. Sin las cuatro condiciones no se reúnen, o sea políticas, de seguridad, constitucionales y logísticas adecuadas, las próximas elecciones podrían desembocar en una guerra civil.

5 – Consideraciones finales 

Estas últimas reflexiones se refieren a las relaciones entre la comunidad internacional y Haití, ya que la primera es el actor principal del juego político haitiano. El objetivo es invitar a superar algunas ideas preconcebidas y anticuadas y llamar la atención sobre las condiciones previas para que estas relaciones sean beneficiosas para Haití.

A la luz del último informe de la OEA sobre Haití en el que se ha recomendado la organización de elecciones, concluí dos cosas: la comunidad internacional no cree que el país caribeño pueda salir del abismo donde se encuentra; también se da cuenta de que no existe ningún grupo, ni sector, ni individuo capaz de enrumbar a Haití en el camino correcto. Si se comparan el informe de la OEA del pasado 15 de junio sobre Nicaragua con el sobre Haití del 28 de junio, uno se dará cuenta de la pertinencia de mis conclusiones. En efecto, ambos países carecen de las condiciones necesarias para la celebración de elecciones. Sin embargo, la organización hemisférica insiste en que las mismas se celebren en septiembre en Haití mientras que denuncia las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua, ya que no responden a las condiciones de elecciones transparentes, libres y justas a las que se han comprometido los Estados miembros. La OEA yacuestiona la legitimidad de las elecciones nicaraguensesde noviembre.

El discurso fácil es que la comunidad internacional es racista y no quiere a Haití. A menudo se añade que el país caribeño, antiguamente colonizado y principal proveedor del azúcar del mundo, es un faro que las grandes potencias no quieren ver brillar desde su independencia en 1804. Y la lista de afirmaciones del mismo tipo podría extenderse ad infinitum. Sin embargo, quiero decir que las grandes potencias son los pueblos más racionales del mundo; de lo contrario, no podrían ocupar esos puestos envidiable en el concierto de las naciones. Si bien es cierto que la independencia de Haití fue una amenaza y una bofetada para las potencias colonizadoras, algo impensable según las categorías de la historia y la filosofiía occidentales, una nación puesta en cuarentena a la que Francia hizo pagar su libertad, también es cierto que la historia y las relaciones internacionales no son estáticas sino dinámicas. Para mí, estas ideas eran verdaderas en el siglo XIX por razones económicas, filosóficas y culturales; se debilitaron en el siglo XX gracias a la diversificación de la economía, las revoluciones culturales y la emergencia de nuevas filosofías liberadoras; hoy en día el mundo ha cambiado. Por lo tanto, ya es hora de ver lo internacional a través de otros prismas.

Sin embargo, las grandes Potencias no han cambiado sus planes de enriquecerse y consolidar su hegemonía. Los países pequeños como Haití son víctimas tanto de los conflictos de los países desarrollados como de ciertas políticas económicas adoptadas por estos últimos. Pero hoy, a diferencia de los siglos pasados, los países pequeños, en general, pueden desarrollar relaciones con ellos que les son beneficiosas. Y Haití no es una excepción a esta regla. Basta con saber posicionarse y comprender lo que está en juego geopolítico. Para ello se necesita de élites, y eso es lo que falta en Haití. Así pues, si bien se reconocen los daños causados por la comunidad internacional a Haití, la crisis profunda y perpetua del país caribeño no se debe principalmente a los errores de la comunidad internacional, sino a la ausencia de élites y de liderazgo en ese país. A título de ejemplo, durante todo el mandato del presidente Jovenel Moïse, el país estuvo en crisis por, entre otras causas, el conflicto entre el gobierno y la oposición política, los cuales nunca pudieron llegar a un acuerdo ni siquiera a un diálogo verdadero. Así pues, es comprensible que la influencia internacional en la formación del actual gobierno, dado que los líderes haitianos han mostrado su incapacidad a tomar decisiones consensuadas, además de que la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos tienen la responsabilidad de evitar que la crisis de Haití tenga demasiado impacto regional. 

Con estas palabras quiero llamar la atención sobre un populismo de izquierda que se perfila en el horizonte. En su lógica antiimperialista y anticapitalista, se basa en la idea de que los males de Haití son imputables a la comunidad internacional y a la economía capitalista. Su surgimiento se verá facilitado por el populismo de derecha que ha estado en el poder durante los últimos 10 años. Para transformar Haití, hay que saber que las potencias hegemónicas constituyen un “dato” inmodificable al menos por países como Haití, la economía de mercado es lo que crea las riquezas de los países latinoamericanos que los haitianos toman como modelo (República Dominicana, Chile, México, etc.). Esnecesario y urgente extirpar todo germen populista en Haití, ya sea de derecha o de izquierda, y apostar por la ciencia y la economía para el desarrollo y la democratización de Haití.