La noticia corrió más rápido que las unidades que componen el servicio de transporte público, ocupando la primera página de los periódicos. El sábado 19 de septiembre se reveló que se quiere dar participación del sector privado en el Metro de Santo Domingo y en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), creándose una gran empresa de transporte de capital mixto.
Ante la reacción negativa en las redes sociales, y del pueblo en general, el director de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, aclaró ayer lunes que el gobierno del presidente Abinader no ha contemplado la privatización del Metro ni de la OMSA.
El funcionario indicó que proyectos nuevos de transporte de pasajeros son los que se están analizando dentro del contexto de las alianzas público-privada.
La aclaración es muy válida, pues hay que tomar en cuenta que para darle participación al sector privado en el Metro y la OMSA es preciso dar muchos pasos previos. El primero es la depuración de los activos y pasivos de esas instituciones, después de lo cual se podría crear una empresa pública.
El segundo gran paso es la definición de la política de tarifas a aplicar en esos servicios. Un pasaje en el Metro de Santo Domingo cuesta actualmente 20 pesos, pero el gobierno realiza transferencias que equivalen a un monto superior a los 40 pesos por viaje. Esto significa que la tarifa efectiva supera los 60 pesos por viaje, pero esa tarifa no incluye el retorno del capital privado, el cual pudiera exigir una tasa entre 12% y 15% en dólares a ser aplicada sobre la suma invertida. Esto pudiera llevar la tarifa de pasajeros por encima de los 100 pesos por viaje, nuevamente dependiendo de los recursos invertidos por el sector privado.
Aquí cabría preguntar si los usuarios pagarían la totalidad de esa tarifa o si recibirían un subsidio del Estado. Para que el pasajero no experimente un aumento de la tarifa actual, que es de 20 pesos por viaje, el subsidio por pasajero a ser pagado por el Estado a la empresa privada tendrá que superar los 80 pesos.
A mí no me cuadra esa matemática, pero si los funcionarios públicos la están pensando es porque algo bueno tendrá, por lo menos para algunas personas.
