Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó una sentencia absolutoria a favor de los imputados en el caso de la Operación Antipulpo, un proceso judicial que ha tenido una gran repercusión en la vida política y económica del país.
Entre los absueltos se encuentran figuras de relevancia como Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, y Pachristy Emmanuel Ramírez, quienes enfrentaban acusaciones de violación de múltiples disposiciones legales, incluidas las relacionadas con el lavado de activos, soborno en el comercio y la inversión.
La decisión del tribunal también favoreció a Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (conocido también como Ángelo), quienes fueron procesados bajo los mismos cargos, pero igualmente resultaron absueltos al considerarse insuficientes las pruebas presentadas por la acusación.
Además de los individuos, las empresas Cemeraf y Editorama, que también estaban involucradas en el proceso judicial, fueron exoneradas al no encontrarse evidencias contundentes que desvirtuaran la presunción de inocencia.
El tribunal indicó que la acusación carecía de pruebas suficientes y las presentadas no fueron “plurales ni contundentes”, lo que llevó a la absolución de todas las partes mencionadas.
La sentencia fue fundamentada en el artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano, que establece que, en ausencia de pruebas claras que desbaraten la presunción de inocencia, no puede sostenerse una acusación penal.
En este contexto, el tribunal destacó la insuficiencia indiciaria y la falta de pruebas suficientes que vincularan a los acusados con los crímenes de los que se les imputaba.
Sobre la Operación Antipulpo
La Operación Antipulpo, que surgió como parte de una serie de investigaciones sobre corrupción en el sector público y lavado de activos, es una de las más grandes de la historia reciente del país.
Se trataba de un operativo que involucraba a funcionarios, empresarios y actores políticos, y cuya denuncia se presentó como un intento de desmantelar redes de corrupción vinculadas con el gobierno anterior.
Este fallo pone fin a una etapa del proceso judicial, pero el tema sigue siendo objeto de atención pública debido a las implicaciones políticas y legales que aún permanecen en el aire.
