Santo Domingo, 4 de marzo de 2025 – Los abogados del general Adán Benoni Cáceres Silvestre presentaron hoy ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una solicitud formal de extinción del proceso penal en su contra, argumentando que el caso ha superado el plazo máximo de duración establecido en la legislación dominicana.
Según el documento depositado, el Código Procesal Penal en su artículo 148 establece un límite de cuatro años para la duración de un proceso penal, plazo que, según la defensa de Cáceres, ya ha sido sobrepasado. Los abogados fundamentan su solicitud en la normativa vigente y en precedentes del Tribunal Constitucional, los cuales han reafirmado el derecho de todo acusado a ser juzgado en un tiempo razonable.
El documento, firmado por los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Antonio Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino, expone que el proceso contra el general Cáceres se inició formalmente el 16 de febrero de 2021, cuando se ordenó la inmovilización de sus bienes. Posteriormente, el 24 de abril del mismo año, fue arrestado y sometido a prisión preventiva, medida que se extendió por 19 meses. Luego, desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 17 de septiembre de 2024, cumplió prisión domiciliaria, acumulando un total de 40 meses bajo medidas coercitivas.
La acusación formal en su contra fue presentada el 4 de mayo de 2022, más de un año después de su arresto. El auto de apertura a juicio se emitió el 10 de julio de 2023, es decir, 14 meses después de la acusación. Desde que el Primer Tribunal Colegiado asumió el caso el 25 de agosto de 2023, han transcurrido otros 18 meses sin que haya concluido siquiera la presentación de pruebas.
Los abogados del general argumentan que la prolongación del proceso ha sido causada por dilaciones procesales atribuibles al Estado, y no por su defendido, quien ha asistido a todas las audiencias sin haber incurrido en obstrucciones o rebeldía.
Precedente en el Caso Coral
La solicitud de extinción del proceso presentada por la defensa de Cáceres es la primera de su tipo dentro del entramado judicial del caso coral, uno de los procesos de corrupción más mediáticos en la República Dominicana. En este caso, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha imputado a varias personas por presuntos actos ilícitos en la gestión de fondos públicos.
La defensa de Cáceres ha citado diversas sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la extinción de la acción penal cuando el proceso se extiende más allá del tiempo razonable. Entre ellas, mencionan la sentencia TC/1106/24, que establece que los jueces, de oficio o a petición de parte, deben declarar la extinción de la acción penal cuando se ha superado el plazo de cuatro años.
Ahora, el tribunal deberá decidir si acoge la solicitud y ordena el archivo definitivo del expediente contra Cáceres, así como el levantamiento de todas las restricciones en su contra.
