SANTO DOMINGO.– El ex Procurador General de República, Jean. Alain Rodríguez en su programa “Derecho y Justicia”, destacó un reciente informe emitido por el gobierno de Estados Unidos ha revelado preocupantes violaciones a los derechos humanos en República Dominicana, especialmente por parte de ciertas unidades de la fuerza de seguridad, como la Policía Nacional.
El documento destaca la impunidad como un problema persistente y atribuye esta situación al gobierno dominicano por no responder adecuadamente a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad.
Jean Alain señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el país ha denunciado abusos policiales, maltratos a los ciudadanos y ciudadanas, que van desde la mala educación y grosería hasta la rudeza en el trato a la ciudadanía. Según el informe, se han registrado casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, siendo este último el más grave. Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, al menos 25 personas perdieron la vida en supuestos intercambios de disparos, aunque testigos oculares contradicen las versiones policiales y aseguran que se trata de ejecuciones extrajudiciales.
Según la comisión, en el año 2023, al menos 96 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional, siendo el 75% de estos casos atribuidos a la gestión del anterior director, Eduardo Alberto Ten. Además, advierten que si continúan estas ejecuciones, tomarán medidas en contra de la institución.
Dijo que la inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, ya que cerca del 70% de los dominicanos no se sienten seguros. “Si bien temen a la delincuencia común, tienen aún más miedo a los agentes policiales y militares encargados del orden público debido a su implicación en graves hechos delictivos, así como por la connivencia en casos relacionados con sustancias prohibidas y sicariato”, expresó Rodríguez..
A pesar de estos alarmantes datos, las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía señalan una reducción en la tasa de criminalidad de 16 a 9 pérdidas por cada 100,000 habitantes entre los años 2016 y 2020. Sin embargo, en los últimos tres años se ha observado un retroceso en estos avances.
Las leyes y reglamentos de la Policía Nacional establecen que el uso de armas de fuego debe ser inevitable y los agentes deben actuar con moderación y proporcionalidad. Sin embargo, según el informe, se han evidenciado numerosas violaciones a estas normativas por parte de los agentes.
El Colegio Dominicano de Psicólogos destaca la necesidad de que los agentes sean sometidos a evaluaciones psicológicas antes de iniciar sus labores, ya que consideran que algunos comportamientos violentos podrían tener raíces en situaciones personales pasadas.
El incumplimiento del deber de protección por parte del Estado adquiere una dimensión de responsabilidad estatal, y es necesario mantener los medios legales para establecer una frontera clara entre la actuación legítima del estado y la conducta ilícita de los agentes policiales. La violación de estos límites representa una seria amenaza al Estado de derecho.
Esperamos que las autoridades tomen acciones contundentes para abordar esta problemática y garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en República Dominicana.
