Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos conminan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos ¿estamos realmente encaminados a lograrlo?
Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasivo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas.
Como economía en desarrollo, y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático incentivando el uso de energias renovables; pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibildad, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los paises exportadores, para mantener elevados los precios del crudo, en perjuicio de los países importadores. En esta Asamblea representativa de unos y otros deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como el nuestro.
Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la convención para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), convención que firmaré en la tarde de hoy.
Pero faltan muchos pasos aún más contundentes, entre otros: la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) de aplicación para todos los países en desarrollo, o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climáticos. También quiero resaltar la Cumbre Internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda, en mayo del 2024, sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), en la cual nuestro país estará presente como miembro del comité preparatorio.
Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015-2030). La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000-2015).
Como ha declarado el Secretario General, el sistema financiero internacional “está roto”. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional, que beneficie a todos los países de manera equitativa.
Otro de los efectos nocivos del cambio climático, afecta particularmente a nuestra región del Caribe: me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga, que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una Mesa Multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución.
Uno de los pilares de nuestro compromiso por alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido, y siempre será, la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido.
En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el período 2024-2026, en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Al observar la isla de La Española desde el espacio – ¡háganlo desde su celular a través de Google Earth! – se percibe una diferencia palpable y desgarradora: una mitad verde y floreciente corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza.
Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad politica y social que puede convertirse en una amenaza para toda la region. No me es grato recordar el llamado que hice hace dos años atrás a esta Asamblea General, cuando dije: “Desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas, el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento.”
Hoy día se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos.
La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera, y la mayor parte de sus 55 Km recorren nuestro territorio hasta desembocar en la Bahía de Manzanillo, en Montecristi. Solo 2 Km entran en territorio haitiano. En ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control del agua por parte de una reducida elite economico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona.
La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto al parque industrial CODEVI, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 19 mil trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez, y como si fuera poco tendría efectos ecológicos nocivos, afectando la Laguna de Saladillo, uno de los principales humedales de República Dominicana.
Desde abril de 2021 nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces, detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera.
Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola.
No tenemos, ni deseamos ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares, y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos.
Sin lugar a duda, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a reperit ahora: el Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU.
Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones, creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la policía nacional haitiana como han solicitado el gobierno de ese país y el Secretario General de esta organización.
Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, Willian Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la busqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, urgimos a todos aquellos países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo, a actuar con determinación.
Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional, es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de Naciones Unidas y del mandato de esta Organización acorde con el derecho internacional para garantizar la paz.
Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido, encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de CARICOM para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos.
Al tiempo de agradecerle al Secretario General por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución, ¡Ahora! Porque el tiempo se agotó.
República dominicana durante siglos de convivencia, muchas veces díficil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho. Quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos, y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca solución dominicana al problema haitiano.
No esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el Septuagésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos.
Hago un llamado final:
Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente, por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro.
