El abogado Francisco García afirmó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, no está descargado, no ha habido un decreto de inocencia y el asunto está en la fase investigativa, de instrucción.
García, quien encabeza el consejo de abogados que representa a las jóvenes abogadas Bella Masiel García y Virginia Correa Jiménez, quienes acusan de supuesto acoso sexual Ramírez Sánchez, precisó “el Estado dominicano no me puede mutilar el derecho de querellarme y hasta ahora lo que el Estado le está diciendo a las jóvenes es que dejen eso así, y ellas no lo van a dejar así”.
Explicó que en derecho cuando algo puede ser impugnado es porque puede ser atacado y que cuando puede ser atacado es porque puede ser cuestionado y se puede ejercer una vía de recurso, lo que quiere decir, que ante esa decisión pueden recurrir y van a apelar.
El jurista García destacó que hay incongruencias porque un tribunal, un órgano jurisdiccional del Estado, dice que el señor Ramírez Sánchez penalmente no es juzgable ni condenable, pero que él ha cometido una falta muy reprochable moralmente hablando. “La situación es peor, el Ministerio Público dice primores en las páginas 25,26 y 33 de la decisión que es el auto o dictamen de archivo”, manifestó.
Citó que la Procuraduría General de la República dice: “El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Sr. Janel Ramírez exhibió una conducta contraria a la consideración y al buen trato, contraria a la ética y al buen nombre, contraria a los valores y a los principios de respeto y dignidad, contraria a los principios de jerarquía, y tuvo un comportamiento inadecuado e impropio, su conducta es moralmente reprochable”.
Entrevistado por los comunicadores Julio Ernesto Martínez y Vianney Marcelino en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite por Telefuturo canal 23, el abogado presentó el informe técnico 108/2023 del 17 de julio, con 192 páginas realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a requerimiento de él, de la Procuraduría General de la República y ordenado por el Juez de la Instrucción Especial.
Aseguró que ese análisis técnico de declaraciones contiene las pruebas tecnológicas que responden todas las inquietudes del caso, tras destacar, que están buscando un acoso sexual en forma directa y expresa, pero que el acoso sexual es indirecto, no es expreso, son insinuaciones.
En tanto, manifestó que la ley a los empleados públicos no les prohíbe ser miembros de ningún partido, son los miembros de la Cámara de Cuentas que no pueden ser de ningún partido. “A él nadie le preguntó si era del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y trabajó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, dijo.
