Santo Domingo, RD.- Legisladores de oposición reiteraron este lunes que el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Merido Torres, y todos los involucrados de manera directa o indirecta en el expediente acusatorio de «operación Calamar» deben ser investigados por el Ministerio público , bajo el alegato de que la justicia no puede ser selectiva.
Merido Torres y quien es mencionado como benefactor en el expediente Calamar, hasta el momento continúa ejerciendo sus funciones.
La diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en San Juan, Fabiana Tapia, asegura que este es el momento de que el Ministerio Público demuestre que en verdad existe una justicia independiente, al tiempo que sostiene que tanto el director de Titulaciones como otros funcionarios habrían sido denunciados por presunta corrupción desde la campaña y las autoridades ignoraron los señalamientos.
«Aquí no se ha tomado represalia, vamos a ver ahora si es justicia independiente o es una persecución a los peledeístas,» expresó la legisladora.
Lo mismo opinó Sócrates Pérez, también diputado del partido morado, quien explicó que los funcionarios del gobierno que están en expedientes no son llamados por el Ministerio Público.
«Eso no es nuevo, funcionarios y legisladores oficialistas que están en expediente no son llamados, incluso cuando este gobierno entró habían gente cumpliendo coerción con prisión preventiva y ligadas al narcotráfico y los soltaron», indicó.
Mientras que Carlos Sánchez, quien recientemente renunció del PLD, aboga porque las autoridades amplíen las investigaciones para que se demuestre la independencia, que dice tener el Ministerio Público.
«Gonzalo Castillo solo fue mencionado y está encartado, entonces todo el que está ahí debe ser investigado, porque ellos dicen que este es el mayor caso de corrupción de todos los tiempos, pues que investiguen a todo el que tengan que investigar», empero.
Asimismo, los legisladores coincidieron en que la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, debe tomar cartas en el asunto sobre los funcionarios del gobierno que están siendo mencionados en el caso «operación Calamar» y recomendar una licencia o una suspensión de sus cargos.
En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público detalla que el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y actual dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Mérido Torres figura como beneficiario de expropiación de terreno y millones de pesos en el entramado de corrupción denominado Operación Calamar.
Los legisladores entienden que se deben continuar con las investigaciones hasta que sean detenidos todos los responsables, del presunto caso de corrupción que según el Ministerio Público es el más grande de la historia
