Iniciativas para modificación a Ley No. 15-19 se encuentran pendiente de conocimiento en Cámara de Diputados

Iniciativas para modificación a Ley No. 15-19 se encuentran pendiente de conocimiento en Cámara de Diputados

La Junta Central Electoral depositó formalmente en el mes de abril de 2022 las iniciativas de ley para la modificación, actualización y fortalecimiento de las leyes No. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, las cuales cursan ante las cámaras legislativas del Congreso Nacional.

En ese orden, la JCE indicó que actualmente la modificación a la Ley No. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, ha sido objeto de aprobación por el Senado de la República, y se encuentra pendiente de conocimiento y decisión por parte de la Cámara de Diputados, para, posteriormente, agotar los demás trámites constitucionales previstos para la formación de las leyes.

A través de un comunicado, la institución valoró “el esfuerzo y el compromiso que en torno a la indicada reforma han mostrado los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, especialmente los miembros de la Comisión Especial del Senado que llevó a cabo los trabajos para la indicada reforma, presidida por el honorable senador Ricardo de los Santos Polanco”.

En el proyecto que ha sido objeto de aprobación por el Senado de la República “fue acogida una importante cantidad de aspectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: i) inclusión de un catálogo de principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral; ii) fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al régimen de plazos legales, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales; iii) el Senado acogió la propuesta de reforma al régimen sancionatorio, en la cual se hizo una reclasificación de las penas, según el nivel de gravedad; iv) se incluyeron nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen contra la integridad de las elecciones; v) se acogió la propuesta sobre el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales; vi) fueron acogidas las sugerencias que hizo este órgano en torno a la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral”.