VIDEO|Trasladan a diferentes cárceles a 11 implicados en operación Cattleya

VIDEO|Trasladan a diferentes cárceles a 11 implicados en operación Cattleya

Santo Domingo.- Bajo un contingente militar, fueron trasladados este martes a distintos centros penitenciarios del país, los 11 de los 21 implicados, acusados de formar parte de la supuesta red de trata de mujeres que la explotaba sexualmente, desmantelada mediante la Operación Cattleya.

Se recuerda que la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso prisión preventiva a once de los 21 imputados en el caso Cattleya, en tanto que los otros 10 tienen distintas medidas de coerción.

Prisión preventiva

Los que guardarán prisión por 18 meses como medida de coerción son: José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu y José Alberto Soriano Rosario, supuestos líderes de esta red.

Así mismo, Oscar Wicene, Cristina González Hernández, María Murillo Vargas, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Zaffiro Nataly Sánchez y Dionicio Mieses de la Cruz, quien va a operaciones especiales.

Garantía económica y presentación periódica

Engel Nefthali Vargas le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos por aseguradora, presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Igual medida le fue impuesta a Melvin Valentía Peguero, con excepción de de la garantía económica.

Así mismo, a los imputados Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz y a Braulio les impusieron presentación periódica y una garantía económica de 500 mil pesos.

Se recuerda que el Ministerio Público con la operación Cattleya realizó decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.