La acusación del caso Medusa que se conoce en contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y grupo de personas que dirigían en la Procuraduría General de la República (PGR), presuntamente desviaban y malversaban fondos públicos para enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público imputa a la excoordinadora Administrativa y Financiera de la PGR, Altagracia Guillen Calzado, de malversar la suma de 585,478.10 pesos, supuestamente destinados a la compra de materiales y/o suministros para “la construcción de una villa ubicada en la comunidad de Luisa Prieta, provincia Monte Plata”.
La encartada llegó inició sus funciones públicas en la PGR el pasado 17 de julio de 2017, así lo señalan los documentos instrumentados por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los cuales aseguran que Guillen Calzado, en dicho proceso irregular también participó el exdirector general Administrativo, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y de Johannatan Loanders Medina Reyes, exencargado del Departamento de Compras y Contrataciones.
La acusación también precisa que, el 26 de junio de 2020, Guillen Calzado autorizó desde su despacho, la requisición de materiales y/o equipos No. 020-609, respecto a materiales ferreteros o de construcción, entre los que se encuentran 15 quintales de varilla 3/8×20, mil blocks de 6, cuatro mallas electrosoldadas, entre varios artículos más; estableciendo en el apartado de observaciones de la requisición, que los mismos eran “para trabajos de adecuación del Juzgado de Paz de Salcedo.
Dicho proceso fue tramitado al Departamento de Compras y Contrataciones, en donde fue asignada al técnico en compras Francys Adalberto Pacheco Soto, a quién, según el órgano acusador, le llamó la atención que la misma provenía del Departamento Administrativo, en vez de la Fiscalía de Hermanas Mirabal (Salcedo).
Según la acusación, imputada habría mostrado una marcada insistencia, en darle seguimiento al proceso de compra, llamando constantemente a Pacheco Soto, quien pensando que el destino de esos materiales era Salcedo, incluyó al proveedor Distribuidora M&E que se trasportaran hasta allá.
Supuestamente fue desde el Departamento Administrativo, que le informaron la entrega de los materiales no se iba a realizar en Salcedo, proporcionándole en tal sentido el número de teléfono de contacto de la persona con la cual el suplidor debía coordinar la entrega; información ésta que Pacheco Soto transmitió al suplidor”.
Es de esta manera que Miguel Ángel Guzmán López, dueño y administrador de la compañía Distribuidora M&E, conjuntamente con su hijo Miguel Alfonso Guzmán Nolasco, coordinaron la entrega de los materiales contratados por la Procuraduría con Jonathan Batista Hernández, quien es la pareja Guillén Calzado, asienta el expediente acusatorio.
De igual forma, la acusación valida que, dos choferes de la Procuraduría, Rafael Dionelis Castillo Tejeda (a) Ambiorix y Oscar Manuel Corporán Florentino, figuran en los conduces como quienes recibieron los materiales que nunca llegaron a Salcedo, según certificó el procurador fiscal titular de la provincia Hermanas Mirabal, Edward Núñez-Merette.
Según el Ministerio Público, el cargo de Guillen Calzado en la Procuraduría la posicionaba como la intermediaria que presentaba personas a la estructura criminal encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría.
