La población joven representa el mayor porcentaje demográfico, sobre todo de la fuerza laboral productiva, sin embargo, es el grupo etario más afectado por las decisiones empresariales, debido a que depende de diversos factores, por ejemplo, exigir experiencia sin la oportunidad para adquirirla, salario deficiente y pocas oportunidades en las áreas de profesión alcanzadas.
Es en este punto donde el Estado debe intervenir promoviendo garantías legales que incentiven al empresariado sin dejar de invertir en el capital humano.
República Dominicana cuenta con el denominado ‘‘Bono demográfico’’, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se define como ‘‘una fase en la que el balance entre las edades de una determinada población genera una oportunidad para el desarrollo’’, afirma que, solo se traduciría en un avance real si se invierte en educación y empleo de calidad.
No podemos negar las circunstancias globales que afectan la dinámica económica del mundo, sin embargo, tampoco podemos obviar que la capacidad de respuesta del país ante la crisis de la pandemia, respecto a la generación de empleo para la población joven ha sido nula.
“La estabilidad de puestos existentes es lo que ha permitido una recuperación parcial, más que por la creación de nuevas oportunidades; el trabajo informal lidera la recuperación.” Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2021.
La magnitud del efecto causado por la desidia respecto a la formulación de políticas públicas para el empleo joven, se traducen en una sociedad sin calidad de vida y jóvenes propensos a delinquir. Basándonos en esto, entendemos que es fundamental avanzar hacia una política de empleos que satisfaga la economía nacional a través del capital humano, enfocados en los grupos vulnerables.
En consecuencia, la alarma de la recuperación postpandemia se activa con el informe de la OIT, donde afirma que “Las mujeres han resentido más el impacto negativo’’, debido a que, ‘‘la contracción en el empleo para este grupo, entre el primer semestre de 2020 es de 18%, mientras que para los hombres es de 14%; si se agrega la edad, las mujeres jóvenes han experimentado la mayor contracción en la ocupación.”
Para contextualizar, las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), estiman que el país para el año 2021 tuvo unos 10,535,535 habitantes, de los cuales 5,275,893 (50.07%) son mujeres. Por tanto, podríamos inferir el efecto negativo sobre la mujer dominicana y el acceso al empleo de calidad en el período de recuperación de la actividad económica.
No es lo mismo tener empleo a tener un empleo de calidad, que provea seguridad social, crecimiento económico, oportunidades de desarrollar habilidades dentro de la formación académica obtenida y, por otro lado, un ambiente óptimo para impulsar el emprendimiento.
Un ejemplo básico de inversión focalizada se encuentra en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), que fue constituida en el 2012, la cual cuenta con objetivos que incluyen el impulso de las Industrias Culturales y Creativas (ICC), considerando las características de la economía dominicana en zonas urbanas vulnerables y rurales con actividad turística, mejor conocido como economía naranja.
Un factor que nos limita es la falta de mecanismos de institucionalidad, que no permite la continuidad de programas y proyectos por el cambio de administración gubernamental.
Se evidenciaría una mejora si se fortalecieran esos esfuerzos, así como logros de gestiones de gobiernos pasados para robustecer las medidas institucionales de los principales gestores en la articulación de políticas públicas para la inversión al capital humano y al desarrollo socioeconómico de los y las jóvenes.
Nos alarma que el gobierno dominicano aún no favorece la formación de un marco de protección y promoción para la generación de empleos de calidad para la juventud y que, por ausencia de una visión o voluntad política, el mercado laboral dominicano le cierra las puertas a una generación que, al estar capacitada, no tiene experiencia, llevando a que nuestro mayor activo para la edificación de una sociedad altamente productiva vea mejor futuro fuera de las fronteras de su patria.
El gobierno debe destinar esfuerzos a la evaluación de políticas y programas de formación y empleabilidad dirigidas a la población joven económicamente activa y realizar acciones destinadas a la inserción laboral.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) en su informe “Estado de situación y políticas en materia de formación y empleo juvenil en la República Dominicana”, recomienda diversas medidas para mitigar la crisis, no obstante, dos de ellas son especialmente dedicadas a fortalecer las herramientas existentes para crear oportunidades reales.
El informe recomienda que los programas y planes que realiza este ministerio sean revisados para validar si ameritan ser continuados, y de no ser así, que estos sean transferidos a los ministerios responsables correspondientes.
Primero, fortalecer el nivel de competencias de los jóvenes a través del diseño y revisión de programas de formación para el empleo.
Segundo, reenfocar el rol del Estado como articulador y coordinador de políticas de juventud. A modo de ejemplo el artículo 46 de la ley 49-00 establece que el Ministerio de la Juventud está llamado regir, formular, coordinar y dar seguimiento a las políticas de juventud. Sin embargo, realiza actividades que pertenecen al ámbito de acción de otras instituciones públicas.
Finalmente, el gobierno dominicano debe reconocer que hay una crisis del empleo joven que nos limitará el desarrollo económico a futuro. Es imperante generar garantías para una educación de calidad que nivele las exigencias del mercado laboral, planificar y ejecutar respuestas a las necesidades futuras que como nación estaremos enfrentando e invertir en la acumulación de capital humano que, a través de diversos estudios, ha demostrado tener impactos positivos en el crecimiento económico.
por José Torres.
