La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha presentado una serie de elementos, que supuestamente incriminan al ex procurador, como el cabecilla de una banda criminal dedicada a enriquecerse de los fondos públicos administrados en la Procuraduría General de la República (PGR).
La acusación de más de 12,000 páginas señala que, dentro de la PGR se realizaban maniobras fraudulentas presuntamente por una estructura criminal para manipular las licitaciones y asegurar que los oferentes que ganaran los procesos de compras fueran los previamente seleccionados por la estructura.
El PEPCA sostiene que los encargados de ejecutar dicha orden, son los imputados Rafael Antonio Mercede Marte y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y una vez que eran depositados los “Sobres B” de oferta económica, se trasladaban de noche a las oficinas sede de PGR, supuestamente procedían a abrir los referidos sobres,
Según el Pepca, la acción engañosa consistía en tomar notas de las ofertas realizadas por todos los oferentes y luego, si eran menores a la de los suplidores de confianza del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, les decían a estos que modificaran la oferta con montos más bajos, y luego de estos modificar las ofertas, se las entregaban a Rafael Antonio Mercede Marte, quien supuestamente sustituía las ofertas económicas y las volvía a sellar.
De esa forma las empresas allegadas al círculo del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez tenían los precios más bajos y resultaban ganadores de los procesos. Aunque en otros casos se descartaban los oferentes por cualquier detalle técnico, alegando que no cumplían con los requisitos de los pliegos de condiciones.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, los oferentes seleccionados por la estructura criminal tampoco cumplían con los pliegos de condiciones. Otra maniobra utilizada por dicha estructura, consistía en adjudicar los procesos a los oferentes seleccionados, aun cuando existían impugnaciones realizadas por otros oferentes que habían sido deshabilitados en los procesos, tal como pasó con el proceso identificado como PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019- 0009 para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País”, en el cual las empresas Ocean Beef S.R.L. y Casa Laura de la Rosa Hnos. S.R.L. solicitaron, previo a la adjudicación, la reconsideración con relación a la no habilitación del mismo, pero fue contestada después de haberlo adjudicado, en violación a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
El Pepca, asegura que esta maniobra también ocurrió en el proceso identificado como PROCURADURÍA[1]CCC-LPN-2019-0004 para la “Adquisición de Luminarias y Plantas Eléctricas para los Recintos Penitenciarios del Plan de Humanización”, en el cual la empresa Electrom, S.A. impugnó los resultados del Acta núm. 149-2019 relativa a los oferentes habilitados para la presentación de las ofertas económicas en fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sin embargo, en fecha tres (03) de octubre del mismo año adjudicaron el proceso y posteriormente fue contestada la referida impugnación.
La institución encargada de perseguir la corrupción pública, afirma que en las licitaciones para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País”, el ex Procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, a través de su cuñado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, esposo de Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez, conformaron un entramado societario dirigido a nivel operativo por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las licitaciones de los alimentos.
Asegura que para tales fines, crean y adquieren diez (10) empresas: Getrant del Caribe SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Herrajes Rachel SRL, Distribuidora Ropi SRL, Comercial Viaros SRL, Rogama SRL, F & F Ezel Import SRL, Divamor Group SRL, y Ropalma, SRL. Aunque estas empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungían como presta nombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, los cuales gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos.
Durante la gestión del imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, se realizaron un total de cuatro licitaciones para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País”, en los años dos mil dieciséis (2016), dos mil diecisiete (2017), dos mil dieciocho (2018), y dos mil diecinueve (2019).
En cada una de estas licitaciones la estructura criminal del imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, a través de su cuñado, el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, esposo de Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez, hermana del ex Procurador y los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, realizaban distintas maniobras fraudulentas para adjudicar a las empresas de la estructura la mayoría de los lotes de las licitaciones.