El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, reiteró que los privados de libertad de la cárcel La Victoria viven en condiciones lacerantes e indicó que en dicho centro penitenciario existe un entramado de corrupción que se ha llevado a cabo por décadas.
“Es un problema de política pública que no solo es importante, es además urgente”, dijo.
Asimismo, Santana denunció que los encargados de seguridad de La Victoria reciben siete millones de pesos semanales de la corrupción del recinto penitenciario.
“Lo recogen del tráfico con drogas, los dueños de colmados, a la familia que hace fila, siete millones de corrupción recibe el encargado de seguridad de La Victoria toda la semana”, afirmó Santana.
“En el marco de la presentación de un informe sobre la difícil situación carcelaria, que mostraron los otros dos panelistas invitados al programa, indiqué cuáles son los dos problemas actuales que veo para que eso se resuelva.
“En ese sentido, cuando comuniqué hace ya un tiempo las condiciones del nuevo centro Las Parras, indiqué la necesidad de una investigación que determinara responsabilidades y que era absolutamente necesario que se subsanaran los vicios o posibles errores constructivos que pueden ser resueltos previo a que las personas privadas de libertad fuesen trasladadas a ese centro, para garantizar su seguridad. Hoy, reitero lo mismo.
“En efecto, el Ministerio Público ha iniciado, en el marco de las acciones de lucha contra la corrupción, y conforme se ha hecho evidente para todos, las indagatorias para la determinación de responsabilidades.
“Sin embargo, y reitero- este es el primer problema, se ha detenido todo lo penitenciario sobre ese tema hasta que se audite, como dije ayer en el programa, hasta la última varilla. Me parece correcto que se audite, es lo que hay que hacer y lo que he pedido, y lo que el país espera de este Ministerio Público. En tanto, no creo correcto hacer esperar por tan largo tiempo a miles de personas en esa situación inhumana, cuando desde hace muchos meses, tal y como he señalado en ocasiones anteriores, hay edificios, que ya tienen las correcciones hechas y recibidas a satisfacción de manera oficial, con capacidad para albergar a más de 700 internos. Es evidente que ese número de plazas no es suficiente para resolver el problema de más de 9,000 personas hacinadas, pero sí para salvar a 700 y poner en marcha la solución definitiva.
“Sobre ese último punto, es mi entender, tal y como dije en el programa, que en la PGR se ha generado, además, una situación en la que una parte del personal medio y técnico que tiene años ahí, previo a esta gestión y afines con otros grupos, prefieren que la actual gestión de la PGR y el gobierno mismo no tengan nada que inaugurar o presentar como logro en estos primeros dos años, precisamente para poder alegar eso en su contra. Esos sectores que quisieran que la actual gestión no tenga nada que mostrar en materia penitenciaria, parecen tener una agenda política clara, y con ello vulneran los esfuerzos de muchas personas que han trabajado y trabajan por un Ministerio Público libre de politiquería. Por eso no me sorprende tampoco que una parte de lo que dije en el programa se presente como si en esa misma intervención no distinguí claramente, como en efecto hice, entre esos grupos y las personas que todos sabemos que trabajan pulcramente y sin esas agendas en esa institución.
“Por su parte, el Gobierno, indicando que trata de deslindar las labores del Ministerio Público de las labores de construcción, como mismo he sugerido muchas veces que se haga, ha iniciado, desde hace aproximadamente un año, un proceso inevitable pero complicado para pasar esas construcciones a ministerios como el de Obras Públicas y, más recientemente, el de Vivienda y Edificaciones.
“Ello constituye el segundo problema que describí en el programa, porque al igual que como sucede con la decisión del Ministerio Público de auditar todo, no dudo que la meta sea correcta, pero un proceso burocrático debe poder correr al menos parcialmente a la par, para no detener por años un auxilio necesario, mientras miles de personas viven el infierno que es La Victoria. Por eso, tras haber trabajado en el país y en el extranjero el asunto, puedo notar que el tema penitenciario no es prioritario para el gobierno. En mi calidad de asesor honorífico, he externado esa preocupación, pero, lo más importante, lo he hecho también en mi calidad de ciudadano, a puertas cerradas y en público.
“Consciente de que el tema penitenciario rara vez es prioridad gubernamental en los países de la región, no me parece extraordinario que hoy no lo sea. Los gobiernos con frecuencia se enfrascan en labores de las dependencias más grandes como Educación, Salud, Obras Públicas, y relegan los problemas de menor magnitud institucional, pero de mayor impacto para las vidas de una minoría abusada.
No es un mal propio de esta sola gestión de gobierno, sino de la mayoría. Lo que sí preocupa es que, a pesar de las reiteradas indicaciones de que no se puede esperar una burocracia larga para ayudar a la gente que vive encarcelada, no se hayan puesto en marcha las medidas extraordinarias y urgentes de lugar, que bien pudieron haberse ejecutado”, explicó.
