La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, advirtió hoy que los administradores del sector eléctrico deben responder en la justicia, por sus actuaciones, que ha provocado la nulidad de las resoluciones números RC-16-2022 y RC-19-2022, emitidas por el Comité de Licitación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, como se desprende de la resolución número SIE-022-2022-LCE, evacuada por la Superintendencia de Electricidad, donde deja sin efecto el proceso de Licitación Pública Internacional para la Generación Adicional de hasta 400 MW, mediante contratos de largo plazo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
El órgano regulatorio del mercado eléctrico, mediante la comunicación SIE-E-CSIE-SI-2022-028, de fecha 13 de abril del presente año, dirigida al Comité de Licitación y al vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidora de electricidad, Andrés Astacio, realizó una advertencia por desacato en el cumplimiento de la resolución emitida el 06 de abril y que ordena la nulidad y revocación de dos adjudicaciones, una de 75MW y otra de 103 MW, en favor la empresa Karpower Ship.
La Superintendencia de Electricidad, reiteró la orden al Comité de Licitación designado para el proceso, dar cumplimiento irrestricto a lo instruido, tanto en la forma como en el fondo y advierte al Comité y a las propias empresas distribuidoras de electricidad que la inobservancia a mandatos del regulador se considerarán como “faltas graves” o “muy graves” y que la SIE se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas previstas en la normativa vigente.
Para la organización de lucha contra la corrupción, el interés de los que operan el sector eléctrico, es beneficiar a empresarios favoritos, en detrimento de los intereses del Estado dominicano, como se evidencia en el llamado al proceso de licitación de urgencia (LPI-EDE-02-2021) para instalar 400 nuevos megavatios (400MW) al sistema eléctrico nacional, el cual fue lanzado el primero de diciembre del 2021 y concluyó el pasado mes de abril, sin que a la fecha se conozca, la empresa ganadora.
“Por la falta de transparencia, preguntamos, si las empresas beneficiadas, completaron y cumplieron todo el proceso de concesión establecido en la Ley General de Electricidad, que implica la aprobación de la Comisión Nacional de Energía y de la SIE, sí poseen estudio de impacto ambiental, por lo que exigimos la publicación de los nombres de las compañías ofertantes, sus accionistas, ofertas presentadas, informe de evaluación de las ofertas y el veredicto de adjudicación, contrato de compra venta de energía firmado, acta del Consejo Unificado, validando la firma y resolución de la SIE aceptando o validando los contratos”. Terminó diciendo Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.
