Santo Domingo- El senador de la Romana, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Iván Silva, denunció este martes que los laboratorios clínicos, en conjunto con aeropuertos locales, se confabularon para cobrar la realización de pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 sin que esto fuera un requisito obligatorio.
Silva dijo que ha sido una “estafa” confabulada, que no tenía ninguna justificación facultativa, técnica ni, legal, de la cual fueron víctimas miles de dominicanos y extranjeros en los aeropuertos del país.
Durante su ponencia en el hemiciclo, el legislador dijo que los laboratorios cobraron miles de pesos, amparados en lo que calificó como un “chantaje”, en pruebas de antígenos y PCR y en caso de que el viajero no se la hiciera perdían el vuelo o tenían que cambiarlo.
No obstante, indicó que no solo los laboratorios eran parte de la trama, ya que los aeropuertos y las aerolíneas formaban parte de ella.
“Una gran cantidad de pasajeros se vieron en la urgencia de cambiar, incluso de línea aérea, para salir de la trama tendida por las administraciones de los aeropuertos, solo con la intención malsana de beneficiar a los laboratorios instalados, desmedran la economía de millones de personas quienes fueron objeto de esta estafa”, denunció.
Silva, quien también es médico de profesión, dijo que vivió en carne propia como un aeropuerto local, una aerolínea y un laboratorio se confabularon y le exigieron como requisito para salir del país la realización de una prueba.
“De esta humillación fuimos objeto en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por parte de Aerodom, Delta Airline y el laboratorio Amadita, donde tuvimos que pagar por la aplicación de una prueba de antígeno, como requisito para salir del país, un análisis practicado sin ningún rigor sanitario, cuyos resultados fueron emitidos en 10 minutos, sin ninguna confiabilidad, porque como médico, conozco el rigor que todo ensayo clínico conlleva”, relató Silva.
En ese sentido, el legislador pidió al hemiciclo pronunciarse sobre esta situación y pedir la suspensión de estos “abusos” a los pasajeros tanto nacionales como extranjeros, así como pedir explicaciones a la Junta de Aeronáutica Civil.
“Estamos frente a un crimen por omisión y comisión, pero con la denuncia pura y simple le haríamos un flaco servicio a la nación y a los miles de extranjeros que fueron objeto de esta estafa sanitaria. Por tanto, pedimos al hemiciclo interesarse por reparar los daños morales, sociales y económicos de todas las personas que son víctimas de este gran fraude”, concluyó.
