Santo Domingo.- El gobierno estadounidense de Joe Biden publicó este martes el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos, en el cual reportan abusos,asesinatos ilegales y corrupción gubernamental en República Dominicana.
“Se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, expresa el documento.
En ese orden agregan que el gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad.
De acuerdo a los datos las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021.
Según la Procuraduría General de la República, hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido citan el caso de la pareja de pastores Joel Díaz y Elizabeth Muñoz ultimados en una supuesta confusión por agentes del orden cuando regresaban de un acto religioso en marzo del año 2021.
Asi mismo el 2 de octubre, un agente de policía fuera de servicio disparó y mató a Leslie Rosado después de que ésta supuestamente chocara con la motocicleta del agente y abandonara el lugar. El agente fue asistido por un segundo agente, que le ayudó a perseguir el vehículo de Rosado. La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a la justicia la prisión preventiva de los dos policías y pidió tres meses para completar la investigación.
En otro orden, un aspecto positivo que resalta el informe es que no se denunciaron desapariciones por parte o en nombre de autoridades gubernamentales, sin embargo dicen que agentes del orden llevaron a cabo tortura, los golpes y el maltrato físico a ciudadanos.
Condiciones de las prisiones y centros de detención
Sobre las condiciones penitenciarias manifiestan que oscilaban entre el cumplimiento general de las normas internacionales en las prisiones del «nuevo modelo», también llamadas centros de rehabilitación penitenciaria (CRP), y las duras condiciones que ponen en peligro la vida en las prisiones del «viejo modelo».
En ese sentido hacen mención de la sobrepoblación como un grave problema en las prisiones del viejo modelo.
La Dirección de Prisiones informó de que en octubre había 16.745 presos en las cárceles del modelo antiguo y 10.407 en los CRP. La Victoria, la más vieja de las prisiones, albergaba a 7.647 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.011.
La población reclusa en todas las prisiones del antiguo modelo superaba su capacidad, mientras que sólo uno de los 22 CRP estaba por encima de su capacidad.
Se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución y los abusos sexuales en esas prisiones. Aunque la ley obliga a separar a los presos según la gravedad del delito, las autoridades no siguieron estas normas en las prisiones del viejo modelo.
Agregan que en las prisiones del viejo modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. “Los presos a menudo duermen en el suelo porque no hay camas disponibles. Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de COVID-19 ”, sostienen.
Existen informes de detenidos que permanecen en las comisarías durante largos periodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser trasladados a una prisión.
Arrestos de Migrantes
De acuerdo al informe la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de dominicanos de ascendencia haitiana, que fueron detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos de inmigración o ciudadanía de sus residencias.
Explican que también hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de mujeres que dejaron a sus hijos atrás.
La OIM informó de que, gracias a la formación impartida a los funcionarios de migración, el número de deportaciones erróneas de personas documentadas y vulnerables había disminuido en casi un 60% en los últimos cuatro años.
Los datos de la OIM correspondientes a los meses de enero a julio mostraban una reducción continuada de las deportaciones erróneas, pero los funcionarios de la OIM advirtieron que las deportaciones erróneas habían aumentado desde julio, tras el asesinato del presidente haitiano Moise y el aumento de las medidas de seguridad fronteriza y las deportaciones por parte de la República Dominicana.
No se informó de la existencia de presos o detenidos políticos y el gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró los contenidos en línea. A diferencia de 2020, no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal.
Protección a Refugiados
El gobierno cooperó de forma limitada con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias en la provisión de protección y asistencia a refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés.
En ese sentido recuerdan que el 22 de enero, el gobierno anunció un plan para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que residían en el país en situación migratoria irregular.
El programa se aplicaba a los venezolanos, incluidos los niños, que habían entrado legalmente en el país entre enero de 2014 y marzo de 2020. El gobierno permitió que los solicitantes se presentaran con pasaportes venezolanos vencidos. A partir del 5 de abril, las personas tenían 30 días para registrarse en el gobierno.
Aproximadamente 43.000 personas se registraron. Las personas registradas recibieron una prórroga de 60 días del estatus legal. Los migrantes venezolanos a los que se les aprobó la prórroga de 60 días pudieron solicitar un visado temporal de trabajo o educación.
Se denunciaron casos de personas potencialmente necesitadas de protección internacional a las que se les denegó la admisión en el punto de entrada y que posteriormente fueron deportadas a sus países de origen sin que se les concediera acceso al proceso de asilo.
Violencia y discriminación racial o étnica sistémica
Apuntan que se observaron prejuicios raciales y discriminación contra personas de tez oscura, haitianas o percibidas como haitianas.
La sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron de que los funcionarios negaron los servicios de atención sanitaria y documentación a las personas de ascendencia haitiana y a los migrantes haitianos.
Los afro dominicanos y los ciudadanos de ascendencia haitiana sufrieron discriminación al acceder a diversos servicios gubernamentales. En ocasiones, los hospitales entregaron erróneamente certificados de nacimiento de color rosa (que indican la condición de extranjero) a los hijos de padres que se suponía que eran migrantes haitianos por el color de su piel, su acento o su nombre.
La policía detuvo a ciudadanos de ascendencia haitiana para su deportación o para la comisión de supuestos delitos basándose en el color de su piel, su acento, su lugar de residencia o su nombre.
En algunos organismos públicos, como forma de impedirles el acceso a sus documentos, se impedía sistemáticamente a los ciudadanos de ascendencia haitiana aparcar sus vehículos o utilizar el baño. Citan que en noviembre, el país comenzó a deportar a las haitianas embarazadas y a las personas de origen haitiano que habían dado a luz recientemente, como parte de las políticas migratorias recién instituidas para frenar la prevalencia de inmigrantes indocumentados.
Presentación del Informe: Estados Unidos denuncia un “retroceso” de los derechos humanos en el mundo
El gobierno estadounidense de Joe Biden puso la guerra en Ucrania como ejemplo de “retroceso” de los derechos humanos en el mundo, en un informe publicado este martes en el que Cuba y Nicaragua salen mal paradas.
“Durante muchos años, hemos sido testigos de un retroceso alarmante de la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al presentar a la prensa el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos.
“Desde la publicación de nuestro informe anterior”, hace un año, “lamentablemente, este retroceso ha continuado“, agregó.
Blinken mencionó la situación en Ucrania desde que fue invadida por Rusia como el caso “más flagrante” de las “consecuencias humanas de este retroceso”.
El secretario de Estado denunció sobre todo las violaciones de derechos humanos en países con los que Estados Unidos tiene relaciones mediocres, como China, a la que acusa una vez más de cometer un “genocidio” contra los musulmanes uigures. O las “detenciones arbitrarias de mujeres, manifestantes y periodistas” en Afganistán, desde que los talibanes tomaron el poder en agosto.
El texto, que abarca 198 países y territorios, documenta abusos contra manifestantes pacíficos que exigen democracia y libertades fundamentales en Birmania, Bielorrusia, Hong Kong, Sudán o Cuba, un “estado autoritario”, dice, donde la mayoría de los abusos son cometidos por “funcionarios gubernamentales bajo la dirección de sus superiores”.
Blinken también condenó derivas en países aliados de Washington, como Egipto, al que achacó el encarcelamiento del abogado y defensor de los derechos humanos Mohamed al-Baqer, o Etiopía donde asegura que “todos los beligerantes” han “cometido atrocidades”.
