En su 28va. Asamblea Anualcelebrada el 27 de marzo pasado, Participación Ciudadana eligió un nuevo Consejo Nacional y proclamó su apoyo a los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en reformas institucionales que hace años son necesarias e impostergables.
El movimiento Cívico, señaló en nota de prensa que, en estos momentos, 16 temas de trascendencia están en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social (CES).
Precisaron que todos los temas son necesarios, pero entienden que este año deberían priorizarse y lograrse la Reforma Electoral y la Ley de Partidos Políticos, además de garantizar la total independencia del Ministerio Público, la reforma de la Ley de Seguridad Social, y trabajar por la reforma institucional que garantice la calidad de la educación pública.
También señalaron que es fundamental la reforma policial, la política de seguridad ciudadana y de persecución de la criminalidad organizada, la ley de Extinción de Dominio, que ya cursa en el Congreso, y la reforma de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.
Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, precisóen rueda de prensa que, algunas de estas reformas están en el tiempo justo para ser concertadas y aprobadas, dados los enormes perjuicios que su posposición conlleva.
¨Para mejorar la calidad de la democracia y de las próximas elecciones, los cambios en la normativa deberían producirse este año, de manera que la Junta Central Electoral y los mismos partidos tengan tiempo de aplicarlas antes del periodo electoral¨, señaló Abreu.
El movimiento cívico, enfatizó que, también son urgentes los cambios en la seguridad social y en la calidad de la educación pública. ¨Esta última no requiere reforma legal, ya que se puede lograr con un acuerdo y voluntad de las partes que coloque como centro de atención el aprendizaje de los niños y niñas que acuden a la educación pública, cumpliendo con el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a una educación de calidad¨, indicaron en la nota.
Señalaron, además, que es impostergable que el país realice las reformas necesarias para fortalecer los órganos de control de la corrupción y la criminalidad, males que amenazan el Estado social, democrático y de derechos que establece la Constitución.
¨Reconocemos avances en la persecución de la corrupción y del crimen organizado, pero la delincuencia común sigue siendo una amenaza que transforma en un infierno la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, a lo cual se agregan las frecuentes actuaciones abusivas de la policía, especialmente contra los sectores más vulnerables¨, precisaron.
La institución de la sociedad civil ve con preocupación los escasos avances en las diferentes mesas del CES que están a cargo de estos temas y la aparente disposición de algunos sectores de dificultar las reformas.
En tal sentido, exhortaron a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.
Participación Ciudadana, además, realizó un llamado a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.
Siguiendo este mandato, la institución de la sociedad civil, considera que en el Congreso Nacional debe ser aprobado el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6.
En ese tenor, señalaron que, es urgente establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.
Con relación a la reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes y servicios, la institución puntualizó que se hace urgente su revisión integral de tal manera que permita fortalecer el marco jurídico regulatorio para hacerlo más transparente y eficiente en su funcionamiento y contrarrestar las prácticas de corrupción que han sido evidentes en los últimos años.
¨Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difíciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertes¨, destacaron.
La organización de la sociedad civil señaló que todas las reformas que están apoyando tienen enormes repercusiones en el futuro inmediato del pueblo dominicano. Si no se logra ahora, el país arrastrará por décadas los mismos males que lo agobian.
Concluyeron, reclamando al sector político, oficialista y de oposición, cumplir con las promesas de campaña y los compromisos de avanzar hacia una República Dominicana más democrática y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupción y el crimen.
