Santo Domingo.-Los integrantes de la red criminal desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Discovery operaban en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata más de 10 centros de llamadas (call centers) dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.
El Ministerio Público resaltó que la operación, que sigue en marcha, se realiza con la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes también realizaron allanamientos simultáneos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
En distintos allanamientos practicados en el país resultaron arrestados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.
El Ministerio Público de Santiago, encabezado por el fiscal titular de la demarcación, Osvaldo Bonilla, solicitará medidas de coerción ante un juez de la atención permanente.
El grupo de arrestados, que sigue ampliándose, enfrenta cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la “estafa”.
También, por violación a las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Los fiscales que trabajan el caso ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares. Adelantaron la ocupación de siete pistolas y una metralleta Uzi, así como unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, así como 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
La investigación que llevó al desmantelamiento de la red se desarrolló durante meses y conlleva, en esta etapa, la movilización de 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes de la Policía Nacional.
La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso; la Fiscalía de Santiago, representada por su titular, Osvaldo Bonilla; la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, bajo la dirección de Ramona Nova Cabrera, y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas.
En nota de prensa el órgano persecutor destaca que los integrantes de la red se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones, y que incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.
La red se apoya en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios productos de sus acciones criminales.
