El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, Rafael Arias, se reunieron para dialogar acerca de los aspectos legales en los que se sustenta el Plan Nacional del Registro de Motocicletas que lleva a cabo esa institución y sobre la necesidad de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) apruebe el Reglamento del Registro Nacional de Vehículos de Motor.
El encuentro se produce luego de que el Defensor del Pueblo notificara al órgano regulador del tránsito y transporte terrestre, a raíz de varias reclamaciones presentadas ante el primero, para que el plan se lleve a cabo observando cabalmente las disposiciones que rigen la materia.
“Nuestro deber es que todas las políticas públicas cumplan con el principio de juridicidad y desde el Defensor del Pueblo estaremos siempre abiertos a un proceso de diálogo con las instituciones, con el interés de garantizar la buena administración y los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas”, precisó Ulloa.
Así mismo, el incumbente del INTRANT se comprometió a analizar, junto a su equipo legal, las observaciones del Defensor del Pueblo para que el Plan se lleve a cabo en cumplimiento de las disposiciones de la Ley núm. Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de los decretos núm. 6-19 sobre el Reglamento de Licencias de Conducir y 256-2020 que establece el Reglamento de Uso y Transporte en Motocicletas, Bicicletas y otros Vehículos de Movilidad Personal.
“En el INTRANT estamos en la mejor disposición de brindar las orientaciones para lograr que los ciudadanos se ajusten a este proceso y que no se incurran en ninguna acción que violente la ley” aseguró Arias, director del INTRANT.
Tanto el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director del INTRANT, Rafael Arias, quienes coinciden en que llevar a cabo el Plan de acuerdo a las normas puede ser beneficioso para el país, crearán comisiones en ambas instituciones que estarán en contacto continuo para contribuir para corregir cualquier aspecto de esta política pública que pueda vulnerar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
