SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar, para procurar la nulidad de las resoluciones dictada por la Superintendencia de Electricidad, las cuales buscan de forma sostenida, el ir indiscriminadamente aumentando, cada tres meses la factura eléctrica, hasta el 2026.
Henry Adames, director ejecutivo de la FJT y abogado actuante, informó que el recurso contencioso, busca hacer cesar la perturbación manifiesta del derecho fundamental de los dominicanos, a recibir de manera eficiente y asequible servicios públicos de calidad.
Adames explicó que las pretensiones de la fundación se fundamentan en que la superintendencia de electricidad perjudicando severamente a la población más vulnerable, ha incurrido en el yerro y la ilegalidad, de empezar a aplicar un reajuste tarifario sin cumplir con ninguno de los requisitos exigidos por la ley 200-04, de acceso a la información, la ley 107-13 sobre los derechos de los ciudadanos frente a la administración, y sobre todo la ley general de electricidad 125-01, cuyas normativas exigen para los aumentos tarifarios que las mismas tengan que agotar espacios de consulta popular, audiencias públicas, opiniones de las empresas eléctricas y agentes del sector eléctrico y participación ciudadana.
En ese orden agregaron que se estaría aplicando un aumento de tarifa que no puede ser impuesto a la ciudadanía, por no cumplir con el voto de la ley, que exige que para poder ser aplicada debe publicarse en un diario de circulación nacional 30 días antes, conforme lo prevé el art. 114 de la ley, de lo cual hasta el momento no hemos encontrado evidencia alguna de su publicación en algún diario de circulación nacional.
Finalmente, los abogados y representantes de la FJT, Trajano Potentini, Henry Adames y Cesar Noboa, aseguraron que continuaran librando la batalla para restaurar la institucionalidad transgredida y anunciaron que para el próximo lunes el tribunal constitucional también conocerá en audiencia pública el ilegal fideicomiso que da por 30 años en administración a 5 personas del sector privado a Punta Catalina.
