La República Dominicana obtuvo una decisión favorable ante tribunales estadounidenses en ocasión del recurso de apelación presentado por Michael y Lisa Ballantine, a raíz del proceso arbitral iniciado por éstos en el marco del Capítulo 10 sobre Inversión del Tratado de Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica—Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
El 22 de octubre del 2021, la Corte Federal de Distrito del Distrito de Columbia emitió una decisión definitiva de “no ha lugar” a la solicitud de los Ballantine de que se anulara un laudo arbitral favorable al Estado dominicano, el cual había sido emitido por la misma corte el 11 de agosto de 2020. A la vez que denegó esta petición, la decisión de la Corte Federal de Distrito del Distrito de Columbia acogió las objeciones presentadas por el Estado dominicano y rechazó en su totalidad todos los argumentos de los Ballantine, por considerarlos frívolos, inapropiados y fuera de lugar.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Viceministerio de Comercio Exterior, estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado dominicano, como autoridad designada para estos temas en virtud de la Ley 37-17, que reorganiza el MICM, y demás normativas complementarias.
La República Dominicana reafirma su compromiso a través del MICM, bajo la dirección del ministro Víctor Bisonó Haza, de continuar velando por la defensa del país ante los procesos de solución de controversias comerciales y de inversión, con decisiva autoridad y firmeza, incluyendo aquellas reclamaciones consideradas frívolas.
El equipo de defensa estuvo conformado por Vilma Arbaje de Contreras, viceministra de Comercio Exterior; Leidylin Contreras, directora de Prevención y Solución de Controversias; Yeli Martínez, encargada del Departamento de Defensa Legal Internacional, así como Ninoska Coiscou, Anaibel Figueroa, Mary Díaz, Escipión Oliveira y Luis Brugal, analistas del MICM.
También participaron como parte del equipo de defensa Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rosa Otero, directora de Relaciones Internacionales; Johanna Montero, encargada de Comercio y Ambiente de esa institución; Noelia Rivera, subconsultora jurídica, y Sara Patnella, abogada de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como miembros de la Procuraduría General de la República.
La firma de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer LLP asistió al Estado dominicano, representada por los socios Raúl Herrera, Robert R. Anderson, Mallory B. Silberman y los asociados Claudia Taveras, Sean Mirski, Patrick O. Dorsey.
