En reunión sostenida, el Centro Juan XXIII hizo entrega al pleno de la Junta Central Electoral de una propuesta de resolución mediante la cual el órgano electoral, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias constitucionales, le requiere al Comité Nacional de Lavados de Activos que, conforme al artículo 33 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, designe a los Partidos Políticos, a los Candidatos y a los Precandidatos a cargos electivos como sujetos obligados no financieros.
Los recientes acontecimientos alrededor de la operación Falcón ponen en clara evidencia lo que todos sabíamos y sobre lo que nadie ha querido asumir responsabilidad: “el dinero sucio de la corrupción y el crimen organizado se ha enraizado en las estructuras de los partidos políticos de tal forma que se ha constituido en una de las fuentes de patrocinio de los aspirantes a cargos electivos.
Estas contribuciones son luego retribuidas mediante el tráfico de influencias, favores políticos, impunidad, protección, contratas públicas, entre otros”.
El Centro Juan XXIII desde el año 2018, recién promulgada la vigente Ley de Prevención de Lavado de Activos, viene insistiendo en la inaplazable necesidad de designar a los partidos políticos, candidatos y precandidato como sujetos obligados no financieros. “El tiempo se ha encargado de validar nuestro reclamo, aunque hubiésemos preferido haber estado equivocados”, señalaron sus representantes.
Al ser designados sujetos obligados, los partidos y candidatos tendrán que adoptar rigurosos controles y procedimientos para asegurar la licitud de la fuente de los fondos que reciben como contribución política, el origen y el verdadero patrocinador o beneficiario final de los aportes.
Ha llegado la hora de exigir transparencia absoluta en el ejercicio de la política. No solo a partir de cuando se accede a una posición de poder, sino desde el origen mismo del proselitismo, con las aspiraciones personales a lo interno de los partidos políticos. Deben existir estrictos controles para que los partidos depuren sus precandidatos y los recursos a los que acceden, ya que una vez estos son postulados por los partidos las opciones de la ciudadanía son muy limitadas, dando como resultado elecciones desafortunadas de funcionarios públicos que decidirán los destinos de nuestra Nación y sobre la vida de cada uno de sus habitantes. El precandidato que recibe dinero sucio llega al poder cargado de compromisos con el bajo mundo y la corrupción.
La propuesta de resolución preparada por el Centro Juan XXIII contempla que la Junta Central Electoral sea el órgano competente de la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la ley y la responsable de aplicar las sanciones administrativas en los casos en que proceda. Esta función es congruente con las atribuciones constitucionales de la Junta Central Electoral y alejaría cualquier intento de manipulación política partidista del tema. Mientras que el ejercicio de la acción penal pública seguirá a cargo del Ministerio Público y los tribunales penales.
Todos los sectores de la población, incluyendo los mismos partidos políticos, deben sumarse a esta iniciativa ya que el dinero sucio es actualmente una amenaza grave al sistema democrático, no solo en República Dominicana, sino a nivel global.
