Inician proceso para dotar de titulos a la casa de gobierno a 74 años de su fundación
El Palacio Nacional que cumple 74 años de su construcción el próximo 28 de agosto, no tiene título definitivo de propiedad, ya que una parte está a nombre del Estado Dominicano y otra no pertenece a nadie, por lo que el gobierno gestiona a través de la Comisión Permanente De Titulación De Terrenos Del Estado (CPTTE) y de la Dirección General de Bienes Nacionales, el saneamiento de los terrenos del Palacio Nacional.
El gobierno comprará terrenos que pertenecen a la manzada donde está ubicado el Palacio Nacional, que están a nombre de particulares, se desconoce el precio en lo que adquiere dichos terrenos.
Mediante un análisis catastral, la Comisión informó de los hallazgos durante el levantamiento, citando en primer orden el no registro ni a favor del Estado, algunos solares donde está la edificación.
Durante rueda de prensa encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, Mérido Torres, director de la CPTTE y César Cedeño de Bienes Nacionales, se anunció que será a partir de la próxima semana cuando se inicien los trabajos de mesura y deslinde, y posteriormente, los procedimientos legales ante Registro Inmobiliario del Consejo del Poder Judicial.
Paliza expresó que cuando la edificación del Palacio se apresta a cumplir 74 años, este 28 de agosto, esta noticia tiene gran significado simbólico para las autoridades, al tiempo que manifestó asombro porque a lo largo de los años no surgiera una identificación con un tema de tanto contenido.
Esta iniciativa de la que también forma parte el director de Ingeniería del Palacio, Ingeniero Joel Nazario, significa una nueva página en la historia gubernamental y se da como forma de colaborar en la actualización del Catastro de Inmuebles del Estado.
El Palacio Nacional es un edificio de 18,000 metros cuadrados de construcción sobre un solar de aproximadamente 70,000 metros cuadrados.
Recientemente, el presidente Abinader mediante el decreto 307-21, expresa que el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos del Estado constituye una prioridad para el Gobierno, por lo que es necesario que el uso y destino de dichos terrenos esté determinado por su naturaleza y características.
