Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, manifestó su preocupación por los enfrentamientos jurídicos entre la Dirección General de Contrataciones Públicas contra diferentes instituciones de la Administración Pública y proveedores, como se advierte en el más reciente de esas diferencias, con el Ministerio de Educación.
Esto al considerar que la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar en varias resoluciones la anulación de casi todos los 56 lotes, para la adquisición de equipos portátiles, para uso de estudiantes y profesores, en las clases virtuales, lo que ha provocado que se elevaran varias solicitudes de medida cautelares anticipadas ante el Tribunal Superior Administrativo, para que se suspendan los efectos ejecutorios de las decisiones de Compras y Contrataciones Públicas, hasta tanto se decida un recurso contencioso-administrativo que interpondrá contra las referidas actuaciones.
ADOCCO hizo un llamado de atención a la máxima autoridad de la DGPC para recordar que existen varias estrategias para luchar por la transparencia y contra la corrupción, algunas que parten de la desconfianza de los funcionarios públicos y que establece un sinnúmero de mecanismos preventivos, que en muchos casos hace ineficaz la compra y contratación para el suministro de bienes, servicios y obras en beneficio de la colectividad.
Por otro lado, otras estrategias parten de la confianza en los funcionarios públicos con procesos y criterios más flexibles, que fortalece el mecanismo preventivo en las consecuencias civiles, disciplinarias, administrativas y penales que pudiera generar una actuación incorrecta.
En ese sentido, ADOCCO ve con preocupación una serie de criterios e interpretaciones legales establecidos por la DGPC que vulneran las competencias exclusivas del órgano operativo (el comprador) para definir su compra, lo que limita irrazonablemente las posibilidades de proceder a los contratos y contrataciones públicas para traducirlo en bienes y servicios en beneficio de la colectividad, lo que ha provocado que un número importante de instituciones del Estado, no hayan podido ejecutar ni el 25% de su plan anual de compras, faltando solo 4 meses para el cierre del año, constituyendo un revés para la consecución de los propósitos de esas instituciones.
ADOCCO, a través de su observatorio permanente y recepción de denuncias de instituciones de la Administración Pública Central, descentralizada y municipal, ha constatado que la DGCP ha excedido sus competencias en sus comunicaciones denominadas “remisión de resultados de análisis preliminares y solicitud de presentación de escrito de defensa” en el cual critica la efectividad y eficiencia de las compras o contrataciones, ¿Qué comprar? ¿Cómo comprar? Y ¿Cuándo compra? Cuando en muchas ocasiones esto cae en el criterio discrecional de la entidad contratante y no del Órgano Rector.
Finalmente, ADOCCO recomiendas a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la creación de una Unidad de indicios penales, que analice los casos de posible corrupción en las contrataciones públicas, pero que permita al actual gobierno realizar las compras y contrataciones necesarias para cumplir con la demanda de bienes y servicios en beneficio de la sociedad.
