La jueza del séptimo juzgado de la Instrucción y coordinadora de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dispuso la libertad condicional para el ex asesor de la Procuraduría General de la República, Miguel José Moya, implicado en el caso de corrupción administrativa denominado Medusa.
En vez de ir a Najayo, como el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otros tres implicados o a prisión domicilia como es el caso de tres de los ocho imputados, a Moya le fue impuesta una medida de coerción consistente en una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida, la más flexible entre todos los acusados de participar en el sonado caso de corrupción.
La jueza habría motivado la decisión sobre Moya, en el hecho de que este “es una persona identificable en los registros públicos y no representa una obstaculización en los elementos de prueba.
En tanto, que la directora de Persecución y representante del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, indicó que aquellos imputados a los que la jueza no dictó prisión preventiva, entre ellos Miguel José Moya, es porque no tenían peligro de fuga, no por insuficiencia de pruebas.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman, representante legal de Moya, dijo que incurrirá en apelación a la decisión de la jueza con relación a su cliente, pese a que su coerción fue la menos gravosa, debido a que según él debió ser dejado en libertad pura y simple. Agregó que el expediente acusatorio está lleno de lagunas.
Vínculo del imputado con la Procuraduría y sus declaraciones públicas
Moya está señalado en el expediente acusatorio de casi 300 páginas como la persona que a través de la empresa Desarrollo, Individuo y Organización (DIO) SRL, diseñó unos cursos de capacitaciones para el personal de la Procuraduría General de la República.
Un día antes de su arresto durante un allanamiento, Miguel José Moya grabó un video, que posteriormente circuló a través de los medios, en el que decía que desconocía del incidente que se produjo en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura entre el procurador general de la República de ese entonces, Jean Alain Rodríguez y la actual titular del Ministerio Público, Marian Germán, de cuyo evento dijo sentir la misma indignación que los miles de ciudadanos que lo vieron en las pantallas de sus televisores.
“Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión”, aseguró Moya en el referido video.
En el fílmico, el imputado hacía referencia al proceso de investigación que le llevaba el Ministerio Público, de cuyos incumbentes no hizo referencia de forma negativa en ningún momento, pero sí destacó la magnitud que logró apreciar del caso.
“Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en la presencia de un criminal peligroso y manipulador y, en consecuencia, la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial”, añadió el imputado.
Moya defendió su asesoría en la Procuraduría General de la República y los contratos arribados entre ambas entidades, los cuales según él se produjeron bajo todo el rigor de legalidad.
De acuerdo con Moya, el requerimiento por parte de las autoridades estaba fundamentado en un contrato realizado por su empresa, Desarrollo, Individuo y Organización (DIO) SRL, en una licitación pública “con todo el rigor de la ley”, que se desarrolló a inicios de 2018.
“Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. “Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, seminarios”, añadió.
Moya sostuvo que dicho programa debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. “Nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y colaboración cuando ellos lo requirieron”, manifestó.
El imputado añadió que la interpretación que se hace del contrato “nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como fraude. Los magistrados consideran que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían, además de la parte de Recursos Humanos, el acompañamiento y orientación en la conducción de crisis que sucedían de manera frecuente, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución”.
