La firma de abogados que encabeza la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, en el proceso judicial de la Operación Medusa, es la misma que defenderá al Estado por el desfalco a través de las EDE.
En enero de este mismo año, el Estado dominicano acordó pagar por los honorarios de la firma un monto de $125,000.00 dólares, cifra que será pagada cuando inicie el proceso legal, y 14,000 mil dólares, pagadero de forma mensual y consecutiva, en 24 cuotas, según la resolución del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras.
Se recuerda que el Estado dominicano presentó por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas, las cuales supuestamente estafaron al Gobierno, a través de las Ede, con más de RD$ 20,000 millones.
Indica, que el fraude contra el Estado no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDE sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados.
En dicha querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones correspondientes para determinar la ocurrencia de los hechos ilícitos, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDE que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020.
Entre los involucrados en el entramado de corrupción de las EDE está Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, estos tres últimos cuñados y hermano, respectivamente, del ex presidente de la República Danilo Medina.
De igual manera están Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que supuestamente fueron parte del entramado mafioso.
Al entramado se les acusa de presunta estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos; asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
