Afirma debieron ser investigados los expresidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, entre otros funcionarios.
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, dijo que la investigación hecha por Jean Alain Rodríguez sobre el caso Odebrecht es muy deficiente.
Moreno señaló que la propia empresa admitió haber pagado sobornos por más de 92 millones de dólares para la aprobación y adjudicación de unas 17 obras en el periodo de 2001 a 2014. Por tal razón, consideró inexplicable que “no se hayan incluido a un conjunto de funcionarios y legisladores que jugaron un papel determinante, directa o indirectamente en la adjudicación de las obras y en la aprobación de su presupuesto y financiamiento”.
Del mismo modo afirmó que debieron ser investigados los expresidentes de la República Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se adjudicaron dos obras; Leonel Fernández quien aprobó y adjudicó 10 obras, entre las cuales 4 corresponden a las más sobrevaloradas de las construidas por Odebrecht en toda América Latina; y a Danilo Medina, en cuyo primer gobierno se adjudicaron 5 de las obras de mayor valor, incluyendo la Termoeléctrica Punta Catalina sobrevaluada en más de 700 millones de dólares.
A su vez, denunció que debieron ser investigados Reynaldo Pared Pérez, quien permitió que se aprobaran 26 contratos de construcción y de financiamiento de las obras de Odebrecht mientras fue Presidente del Senado; Cristina Lizardo, en cuya presidencia del Senado se aprobaron 4 contratos y Abel Martínez, quien permitió que se aprobaran 28 de los contratos y adendas mientras fue Presidente de Cámara de Diputados.
“La investigación debió incluir a Gonzalo Castillo responsable como Ministro de Obras Públicas de 4 de las obras y a Rubén Bichara, responsable de la firma del lesivo contrato de Punta Catalina”, dijo.
Guillermo Moreno recordó que la gestión pasada de la PGR suscribió un acuerdo de lenidad con la empresa brasileña Odebrecht, el cual excluyó de responsabilidad a los funcionarios de dicha empresa y le permitió seguir operando en el país.
“Lo más significativo es que el Ministerio Público no hizo uso del compromiso asumido por la empresa de aportar documentos y testigos que podrían testificar sobre el entramado corrupto, para así garantizarle impunidad a mucho de los funcionarios y legisladores mencionados”, reclamó el presidente de Alianza País.
