La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reafirmó este lunes la decisión del Ministerio Público de evitar que se beneficien de “privilegios irritantes” los militares y policías implicados del Caso Coral, enviados a prisión por sustraer del erario millones de pesos que debieron ser destinados a los verdaderos servidores públicos de los cuerpos armados.
“Es una solicitud que la magistrada acogió conforme a derecho”, dijo Reynoso, al referirse al envío de los procesados, encabezados por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
“La Constitución dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial”, sostuvo, al responder a los periodistas que preguntaron si los procesados debían ir a un recinto carcelario militar o policial, como el Comando de Operaciones Especiales.
“Nosotros entendemos, en ese sentido, que la jueza (Kenya Romero) dio una decisión conforme al derecho”, dijo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó.
Sostuvo, además, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir, “todo acto de corrupción cometido por quien sea”, al referirse a otros implicados en el Caso Coral y que tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro.
“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, enfatizó.
“Esas han sido las instrucciones de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los centros de investigación que tiene, su único límite es la Constitución y las leyes”.
De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que el general Cáceres Silvestre y la estructura de corrupción que operó en su entorno sustrajeron fondos públicos que “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército” y que cumplen con su deber en esos cuerpos de protección ciudadana y seguridad nacional.
“Un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos”, deploró.
“Ese es un hecho grave en este caso y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro”, añadió Camacho.
Sostuvo que el dinero que los ciudadanos aportan como contribuyentes al erario debe ser utilizado correctamente. “Y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos”, dijo.
El titular de la Pepca aseguró que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la Operación Coral. “Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencias de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos, que, repito, debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”, sostuvo Camacho.
La jueza Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió el pedimento del Ministerio Público y otorgó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al mayor general Cáceres Silvestre, así como a los imputados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa.
También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En el caso de la pastora deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los involucrados en el caso, estableció la jueza, presentan peligro de fuga, así como, de trasiego y manejo de información.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guardará la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio Público tendrá conocimiento bajo estricta confidencialidad.
La medida cautelar impuesta será revisada el 10 de agosto de este 2021, conforme al marco jurídico dominicano.
