El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este lunes que el dinero del estado, que es dinero del pueblo, debe ser utilizado correctamente y los funcionarios públicos que no hagan correcta utilidad de estos fondos, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus conductas.
“El dinero del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utiliza correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus conductas”, dijo Camacho, al ser cuestionado por la prensa, a su salida de la audiencia, donde se les conocía medida de coerción a los imputados en el caso anticorrupción que el Ministerio Público ha denominado “Operación Coral”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha desarrollado, según el mismo, una serie de diligencias de investigación en la que ha identificado bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso 18 meses de prisión a seis, de los siete imputados en la Operación Coral.
En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
