La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) aplaude la respuesta rápida del Gobierno para prevenir más muertes por causa del consumo de bebidas mezcladas con metanol tóxico y ofrece su apoyo para combatirlo.
Para fomentar una respuesta eficaz al alcohol ilícito en la República Dominicana, TRACIT propone recomendaciones políticas y normativas acreditadas, que incluyen: (1) Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional a nivel nacional; (2) Implementar y hacer cumplir regulaciones eficaces y rentables; (3) Apoyar las iniciativas contra el alcohol ilícito del sector público y privado; y (4) sensibilización sobre el alcohol ilícito, especialmente en los sectores más expuestos y haciendo hincapié en los graves riesgos para la salud asociados con el consumo de alcohol ilícito.
El Ministerio de Salud Pública ha informado que 393 ciudadanos han sufrido intoxicación aguda por metanol, lo que ha provocado 143 muertes.
Situación que ha llevado a las autoridades a declarar el problema del alcohol adulterado como un asunto de «Seguridad Nacional», y a anunciar nuevas regulaciones destinadas a controlar la importación y comercialización de metanol, entre otras iniciativas para frenar los mercados ilícitos.
«Hemos visto demasiadas víctimas por el consumo de alcohol ilícito en la República Dominicana y en toda la región», dijo el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy. «Es reconfortante ver al Gobierno actuar con rapidez y priorizar soluciones a un problema que ha asolado al país durante mucho tiempo».
TRACIT señala que la experiencia de la industria en costos de producción, importación y demanda de los consumidores es fundamental para ayudar a los legisladores a evitar nuevas iniciativas que inintencionalmente puedan agravar el problema.
«TRACIT felicita al Gobierno dominicano por la creación de la mesa contra el comercio ilícito de alcohol, que es una asociación local público-privada que reúne a actores clave de la industria y el Gobierno para definir e implementar programas efectivos que prevengan la adulteración y fabricación irregular de bebidas alcohólicas», dijo el señor Hardy.
Las propuestas para un nuevo programa de marcado y timbres fiscales, por ejemplo, imponen cargas financieras adicionales a los operadores y consumidores legítimos y no hacen nada para abordar los productos alcohólicos informales y no regulados como el clerén, que es la principal causa de muertes en la República Dominicana.
En consecuencia, TRACIT sugiere al Gobierno dominicano reconsiderar la implementación de la propuesta relativa a los timbres fiscales y, en cambio, recomienda implementar medidas que sean más relevantes para la lucha contra el comercio ilícito de alcohol, y que impongan una disuasión económica a los delincuentes que se benefician de esta actividad.
«Es importante que los nuevos programas no creen una falsa sensación de seguridad para los consumidores. Ya hemos visto ejemplos preocupantes en los que delincuentes inescrupulosos han reutilizado sellos fiscales genuinos y/o falsificados en botellas ilícitas y las han vendido como productos genuinos», dijo el señor Hardy. «Este problema requiere un enfoque holístico en el que todas las partes relevantes trabajen juntas para erradicar a los criminales que se benefician de esta crisis sanitaria».
