La defensa técnica del Mayor General Adán B. Cáceres Silvestre, conformada por un grupo de abogados comunican que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) omitió pruebas y le atribuyó participación que le son ajenas a su defendido, para tratar de justificar una supuesta “lucha anticorrupción”.
Lea aquí la nota de prensa íntegra de la defensa técnica de Adán Cáceres:
-LA VERDAD OS HARÁ LIBRES–
La defensa técnica del MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, conformada por los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, tiene a bien comunicar a la opinión pública y al pueblo dominicano, lo siguiente:
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha tenido un lamentable desinterés por la verdad. Ha redactado y filtrado las imputaciones que ha formulado contra el MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, cuya condición de MILITAR de CARRERA, no lo despoja ni le hace menos acreedor de respeto a los derechos más básicos que tiene como persona y ciudadano. Tal y como revelaremos ante la justicia, contamos con todos las pruebas que sustentan el patrimonio que lícita y honestamente ha adquirido el MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE. La PEPCA omitió deliberadamente ingresos que el Estado Dominicano pagó de manera institucional y trasparente al MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, para exhibirlo como
impedido de poseer los bienes que constan en su Declaración Jurada de Patrimonio. Le atribuyó participar en transacciones que le son ajenas, con el único objetivo de construir una historia, muy mal contada, para tratar de justificar una supuesta “lucha anticorrupción” muy mal llevada.
Este expediente no es similar al caso apodado Anti-pulpo. No se trata de Ministros ni supuestos “entramados” empresariales. Se trata de denigrar y enlodar la función y honra del MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE y la carrera militar en el país. Pone de lado la PEPCA que el MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE tiene larga data sirviendo a la Patria en el DNI bajo el gobierno del PRSC (Joaquín Balaguer) y PLD (Leonel Fernández), Comandando las tropas dominicanas en Irak en el gobierno de Hipólito Mejía y como Jefe de Seguridad del Cuerpo Presidencial de Danilo Medina. No ha importado el período ni el gobierno, los militares sirven a la Patria independiente del partido político del
gobierno de turno.
El MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE tiene más de tres décadas sirviendo a la Patria. Ha puesto su vida en peligro para servir a la nación y recibe a cambio una exposición pública ilegal, injusta y tremendista. La PEPCA ha llegado a la irresponsabilidad y ligereza,
de publicar un listado completo, con nombres, cédula y salario, de todos los integrantes del Cuerpo de Seguridad Presidencial actual. Esto refleja un manejo imprudente y peligroso de informaciones de seguridad nacional. Con esa información divulgada de manera irresponsable por la PEPCA, se pone en riesgo la vida de todos los miembros del cuerpo, del personal de inteligencia encubierto y en consecuencia la seguridad del presidente de la
República, de su familia y de las personas de protección sensible para el estado. Con esos datos es fácil determinar la fuerza de reacción necesaria para doblegar la seguridad. Esta situación es alarmante e impresentable. No ha sido sopesada con la más mínima prudencia pues el único interés ha sido crear un circo de corredores para llevarlo al “Centro Olímpico”
según las propias declaraciones de una representante del Ministerio Público.
Al exponer la hoja de vida militar del MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, revelando su participación en la guerra de Irak, como comandante de la Fuerza de Tarea Quisqueya, la PEPCA lo ha expuesto a él, a toda su familia y a los miembros de esa gestión Militar a los complejos peligros de los intereses enfrentados en ese conflicto armado Internacional. Tampoco esto fue valorado por la PEPCA en su deseo de una preponderancia mediática que no han logrado ni logrará en los tribunales de la República.
El MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, quien ha servido a la nación, y llegó incluso a arriesgar su vida en esas funciones, al día hoy ni siquiera ha merecido el derecho de reunirse en confidencialidad con su abogado. El pasado viernes, el Procurador Adjunto Wilson Camacho llegó al extremo de presentar descaradamente algo ilegal, las imágenes del MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, mientras estaba en la cárcel reunido con sus abogados. La jueza apoderada, MAGISTRADA KENYA ROMERO se ha aliado sin disimulo alguno a la PEPCA en su designio de acelerar, violentando su derecho de defensa, la imposición de una medida de coerción privativa de libertad, sin que concurran los requisitos mínimos establecidos en la ley para ello. La grave confusión que tiene la PEPCA entre su obligación de investigar objetivamente y su afán de perseguir y desacreditar la función militar encarnada hoy en el MAYOR GENERAL
ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE, lleva un mal mensaje a los uniformados que día a día arriesgan su vida, sólo para exponerse a ser sometidos a un proceso sin respeto alguno a los derechos más básicos, a su honor y dignidad como persona. No sólo la función militar recibe una estocada con este evento desafortunado. También sufre sensiblemente la comunidad cristiana evangélica.
El PEPCA pretende desacreditar la fe y la filantropía que caracteriza a la comunidad creyente. Lo denunciado se evidencia con
el proceso ilegal seguido en contra de la Asociación Campesina Madre Tierra, entidad sin fines de lucro, que sin haber sido citada o escuchada previamente, ha sido desacreditada, intervenida y en puesto en riesgo su operatividad. La PEPCA pretende poner verdad y fabulación al mismo nivel. Una verdad retorcida no es verdad.
El MAYOR GENERAL ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE se ha presentado voluntariamente las veces que ha sido requerido por el PEPCA y cuenta con todas las evidencias de su arraigo y de su lícito manejo y proceder. Confiamos en que la prudencia que ha faltado, sea retomada por el órgano acusador y las autoridades judiciales garanticen el respeto al debido proceso en este caso. Si no lo hace, pierde el estado de derecho y perdemos todos.
