En un operativo realizado ayer sábado fueron desalojados unos 220 extranjeros ilegales ocupantes de terrenos propiedad del Estado Dominicano y asignados a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en los que se formaba un arrabal en el perímetro de amortiguamiento de la Base Aérea de San Isidro.
En un comunicado de prensa, la FARD explicó que los desalojados fueron notificados el pasado 29 de marzo del año en curso, y se les dio una semana más del plazo de los 15 días que establece la ley, para estos abandonar voluntariamente la propiedad privada invadida.
Igualmente, se informó que en la actividad participaron la Policía Nacional, en su rol de fuerza pública, y representantes del Ministerio Público, con apoyo de unidades la FARD.
Para atender otros aspectos del operativo participó personal del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), la Dirección General de Migración (DGM), el Servicio Nacional para la Protección Ambiental (SENPA), el Jardín Botánico y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El operativo se realizó de manera ordenada, pacífica y los ocupantes no se resistieron a la orden de tomar sus ajuares y abandonar el área. Además fueron asistidos por personal militar y se les suministró transporte para llevar sus enseres al destino escogido por ellos.
Igualmente se instalaron cocinas móviles para ofrecer alimentos, y el personal de CONANI y médicos de la FARD dieron atención a los menores de edad que lo necesitaron.
La institución militar informó además, que la recuperación de los terrenos tiene como objetivo restaurar la función original asignada a esos 787,058 metros cuadrados ubicados junto a la verja perimetral noroeste de la Base Aérea de San Isidro.
La nota también resata, que esta es un área que por su ubicación y por estar dentro del patrón de vuelo de las aeronaves militares, es una zona de importante valor estratégico, en la cual se habían construido principalmente casuchas, “creando una situación de inminente riesgo en torno a un recinto militar, tanto para las operaciones de las aeronaves como para la población civil”, explica una declaración de la FARD.
La Inspectoría General de la FARD explicó que se cumplió con el debido proceso para tener la autorización judicial, el auxilio de la fuerza pública y se notificó a todos los ocupantes que pudieron ser contactados, ya que muchas casuchas no son habitadas permanentemente.
Además, se indicó que se han presentado querellas a 18 ocupantes ilegales, 4 ya sentenciados y otros 14 tienen orden de arresto. La parcela fue adquirida en el 2004 por el Estado y asignada a la institución militar.
En la propiedad se censaron 33 casas de bloques de cemento, en su mayoría de muy escaso valor, y 347 casuchas levantadas con cartón, restos de madera y pedazos de zinc, con pisos de tierra, muchas de ellas inhabitadas y con poco o ningún mobiliario.
Como residentes fueron identificadas unas 600 personas, la mitad de ellas extranjeros ilegales. Las investigaciones realizadas mostraron que muchos de los que se identificaron como propietarios de casuchas son residentes permanentes en los barrios aledaños a los terrenos.
Delincuentes y extranjeros ilegales
La FARD explicó, que por diferentes circunstancias en los últimos años se fue creando una comunidad informal arrabalizada en el perímetro de amortiguamiento de la verja de la Base Aérea de San Isidro, que ha terminado acogiendo extranjeros ilegales y familias empobrecidas, ambiente que atrajo individuos o bandas que se dedican a actividades ilegales y criminales; como tráfico de sustancias prohibidas, robo y desmantelamiento de autos, una situación en que se incuban amenazas para la población de las urbanizaciones próximas.
Creación de un gran arrabal
El área recuperada se encuentra dentro del patrón de vuelo y rango de acción establecido para las maniobras de todas las operaciones aéreas desde y hacia esta base, agregando también que es un espacio definido como punto alterno en caso de que se presente alguna maniobra de emergencia.
La FARD asegura que la parte recuperada de la propiedad tiene las características de un desordenado arrabal, que por las características naturales incluyen cuevas y grandes agujeros creados en la época en que se extrajo material de construcción.
Asimismo, la FARD señala que el creciente desarrollo urbano en esa parte de la ciudad tiene zonas con características modernas y un patrón de organización que tiende a mejorar, por lo que es recomendable evitar la creación de un gran arrabal, que afectará todo el entorno y se convertirá en un problema social complejo de muy difícil solución, con negativo impacto social, y un lugar con deterioro ambiental, por la carencia de servicios y el alto costo de dar solución a estas necesidades en áreas de difícil urbanización (agua potable, saneamiento, recolección de residuos, etc.).
Área de recreo para el sector
La entidad militar recuerda que esta zona ha sido identificada como un lugar adecuado para desarrollar proyectos comunitarios con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ministerio de Medioambiente y el Jardín Botánico Nacional. Además, la recuperación preserva la mitad del área que aún no ha sido ocupada, en la que existe una biodiversidad que favorece la creación de zonas de esparcimiento para la ciudad.
Recientemente, la FARD, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Ministerio de Medioambiente firmaron un acuerdo para rellenar con escombros de construcción los huecos provocados por la extracción de materiales y cubrir el área con una capa de terreno para desarrollar un parque.
