Santo Domingo.- Dos de los últimos testigos del Ministerio Público que han comparecido en las audiencias del caso Odebrecht han provocado una contradicción entre las pruebas presentadas para formular las acusaciones y los testimonios presentados por los propios testigos de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, el pasado jueves el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, afirmó que “uno de los testigos del Ministerio Público ha resultado un árbol imposible de roer”,
En esa audiencia, principal testigo del ministerio Público y tasador de los bienes de los imputados en el referido caso, admitió en la audiencia del pasado jueves que para establecer el valor de los inmuebles registrados hace 28, 11 y hasta 8 años atrás del exsenador Tommy Galán no accedió a las propiedades para constatar el valor actual de los mismos en función de sus características, sino que habría “tasado desde la calle”.
Sobre la certificación de su informe, el ingeniero Ramírez Pérez ratificó que el mismo es una simple valuación sobre lo que conforme a su criterio es el valor de los inmuebles a la fecha del mismo, puesto que “el ministerio público en ningún momento informó que el propósito de la valuación era demostrar que los mismos habían sido subvaluados al momento del registro de su adquisición”.
En su informe de evaluación, el perito confirma, además, que los valores que estableció a los inmuebles fueron considerados a la tasa del dólar al día 18 de mayo de 2018, conforme a la tasa fijada por el Banco Central, por lo que dejó establecido en el documento que “el valor de mercado expresado no incluye cualesquiera otros valores que pudieren derivarse por otras causas”.
Situación similar ocurrió en la audiencia del pasado 15 de febrero, cuando el juez dispuso la exclusión del expediente de las pruebas presentadas por la procuraduría que buscaban probar la supuesta falsedad en las declaraciones juradas de bienes del exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán, luego de que los auditores de la PRG admitieran la legalidad del patrimonio del pasado legislador.
En este punto, la decisión del tribunal se sostuvo, entre otros factores, por las constancias en la documentación oficial suministradas por la Superintendencia de Bancos, que descarta un patrón de enriquecimiento ilícito del exlegislador, de las que no tuvieron acceso a establecer ningún tipo de ilícito.
