La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), tras presentar su tradicional balance, con ocasión de la celebración del día del Poder Judicial, consideró y calificó el recién concluido 2020, como el año del descalabro judicial, además del peor año que registra la historia de la justicia dominicana.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, lamentó que al 2021, el Poder Judicial siga siendo considerado como la cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado, por la falta de recursos y presupuesto que garanticen su operatividad y real independencia, además de los cuestionamientos, múltiples conflictos internos que ha devenido el proceso acelerado de la virtualización de la justicia en tiempos de pandemia.
El balance de la FJT, lamenta el círculo vicioso que mantiene la justicia dominicana, donde a su criterio los males del pasados siguen latentes, “con la agravante de que se van adicionando otros, destacándose la creciente percepción de descrédito y baja valoración, que hoy día tienen los ciudadanos del Poder Judicial, la falta de tribunales, sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y prevaricación judicial, la mora judicial en los tribunales inferiores, y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia, con retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del acceso a la justicia” expresó.
En el balance presentado contemplan los conflictos internos, cuestionamientos públicos a la gestión de Luis Henri Molina y enfrentamientos con el Colegio de Abogados; los escollos y aspectos negativos que presenta la virtualidad de la justicia; Las reformas legales e institucionales pendientes y necesidad de actualizar los Códigos Napoleónicos vigentes desde 1884.
También incluyeron la creación de una ley que castigue la prevaricación judicial; Al Ministerio Público en la administración de justicia y la lucha anticorrupción; La instauración e implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia y la propuesta de autogestión financiera y presupuestal, para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos.
