La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) anular los contratos directos realizados a 70 artistas, porque según el órgano rector señala que las instituciones gubernamentales no pueden realizar contrataciones directas, y sólo se justifican en los casos expresamente establecidos en la Ley, como son las compras por debajo de RD$147,699.99.
Además, que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la normativa.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, envió una comunicación a Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, donde le señaló que las disposiciones de la referida Ley consta de que “la contratación de artistas es considerada un caso de excepción, por responder a la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos y su reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación”.
Sin embargo, éstas deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el Reglamento, el cual ordena adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción; una resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución recomendando su uso; contar con una certificación de apropiación presupuestaria, emitida por el director Administrativo o financiero de la institución y publicar en el Portal Transaccional e institucional dicho procedimiento de contratación, explica Pimentel.
“Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aún cuando el Gabinete de Coordinación de la Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa. Sin embargo, según lo verificado hasta el momento, todo indica que se ha realizado en inobservancia a la misma”, dijo.
La DGCP también informó que inició un proceso de investigación sobre dicho proceso, con base en las disposiciones establecidas en el artículo 71 de la Ley 340-06, y solicitó al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y base legal que sustentan dichas contrataciones, tal y como dispone la normativa.
