Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), exigió que no solo los testaferros sean sometidos a la justicia, sino que también los beneficiarios directos del robo del dinero público se les aplique todo el peso de la ley.
En nombre del gremio manifestó el apoyo a los sometimientos por corrupción realizados por el Ministerio Público, en contra de funcionario del pasado gobierno en el marco de la operación Anti-Pulpo.
Surún Hernández consideró que los dominicanos están cansados de las vacas sagradas, por lo que no se conforman que solo vayan a la cárcel uno que otro pez mediano, es un sentir colectivo, que los cabecillas de esas mafias que se dedican al robo de dinero público, vayan a la cárcel y no a disfrutar de sus lujosas mansiones en prisión domiciliaria.
“Con una buena instrumentación del expediente, si se comprueban los hechos denunciados, solicitamos a los jueces aplicar sanciones drásticas a los responsables, para que esto marque un precedente en nuestro país”, expresó el gremialista.
El presidente del Colegio de Abogados valoró como positivas las medidas adoptadas por el gobierno central para reforzar la independencia del Ministerio Público, pero demandó más recursos para ese sector.
“Lamentamos el pírrico presupuesto asignado al Ministerio Público, el cual es a todas luces insuficiente para garantizar una efectiva lucha contra la criminalidad”, indicó Surún Hernández.
Recordó al gobierno la necesidad de darle cumplimiento a la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04, que consagra un monto mínimo de un 4.10 % del presupuesto para el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El CARD también mostró preocupación por la influencia que pueda ejercer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en la Administración de Justicia, ya que dicen que tiene estrechos vínculos de dependencia con Gustavo Montalvo, exministro de la presidencia, cuyo personal ocupan cargos administrativos del Poder Judicial.
